Recientemente, el Programa Estado de la Nación publicó una ponencia que realicé junto a Ariana Araujo sobre las características del marco normativo e institucional de la gestión del riesgo a desastres en Costa Rica. El énfasis de la ponencia está centrado en conocer la manera en que el Estado costarricense está configurado para atender políticas ligadas a la prevención y la reducción del riesgo. Además, cuenta con los resultados de una encuesta que hicimos – con el considerable apoyo de Karin Stahl – para conocer cómo es que las municipalidades costarricenses se organizan de cara a la atención de esta temática. Esperamos que este sea un insumo de importancia para moldear la toma de decisiones en el país, en especial tras dos años definidos por eventos atmosféricos y sismológicos extremos.

A continuación, transcribo un breve resumen de la ponencia:

El objetivo de esta ponencia es caracterizar el marco normativo e institucional en el que se desenvuelve la gobernanza para la prevención y reducción del riesgo a desastres en Costa Rica, con especial énfasis en el rol asignado al sector municipal. Este trabajo concluye que, si bien ha habido avances en la construcción de la gobernanza de la prevención del riesgo en Costa Rica, todavía resalta la carencia de mecanismos que faciliten una articulación permanente entre los actores institucionales y el marco jurídico que tiene implicaciones para la gestión de riesgo a desastres (GRD).

Lo que se tiene actualmente es una gobernanza decididamente policéntrica y fragmentada, en la que múltiples actores con gran poder de decisión, pero con agendas y mandatos legales disímiles buscan acomodar la gestión de riesgo según sus perspectivas (en ocasiones, a costas del avance de la agenda de GRD a nivel nacional). Si bien ha habido casos en que esta configuración puede dar cabida a dinámicas interesantes de cooperación interinstitucional, el sistema de gobernanza está determinado por una altísima complejidad que impide la producción de acuerdos en temas donde hay muchos intereses en conflicto, como es el caso de la regulación de usos de suelo o la eliminación de la brecha en el aseguramiento público y privado. En ambos casos, pareciera haber un alto potencial para la producción de externalidades institucionales negativas, en que los traslapes normativos y jurídicos dan cabida a situaciones en las que las decisiones tomadas por un actor en un nivel decisorio tienen el potencial de producir resultados negativos para otros actores en ámbitos diferentes.

A nivel general, esta dinámica se replica cuando se observa cómo decisiones en diferentes escalas resultan territorializadas a través de la implementación de medidas institucionales que hacen inviables otras políticas con alto potencial para la reducción del riesgo a escala local. Utilizando los resultados de una encuesta a 61 municipalidades que les consultó sobre su abordaje de la GRD, esta ponencia caracteriza la manera en que estas entidades, desde su rol subalterno en la contradictoria agenda de descentralización del estado costarricense, actúan dentro de estos traslapes institucionales y cómo ellas también toman parte de estas dinámicas improductivas, ofreciendo así una explicación de por qué los instrumentos municipales para reducir el riesgo son tan rudimentarios, coyunturales y poco sostenibles en el largo plazo.

La ponencia está disponible en línea en este sitio. También recomiendo echarle un vistazo al Capítulo de Armonía con la Naturaleza del Informe Estado de la Nación 2017, en el que estos resultados han sido publicados, en este link.