Corson, C. (2011). ‘Territorialization, enclosure and neoliberalism: non-state influence in struggles over Madagascar’s forests’. The Journal of Peasant Studies. 38 (4): 703-726. 

En su esfuerzo por enmarcar el debate actual sobre territorios y territorialidades en el marco de las tendencias imperantes de la globalización económica, Catherine Corson escribió este artículo con el objetivo de referirse a la manera en que la ‘territorialización estatal’ puede funcionar como un proceso que no necesariamente tiene que estar bajo el control directo del Estado. Su tesis es que los Estados nacionales, especialmente en el marco del neoliberalismo global, pueden terminar funcionando como vehículos para numerosas otras entidades no estatales con el objetivo de expandir su control y autoridad sobre recursos naturales y personas. Ella observa estas tendencias en el marco de los recientes esfuerzos de expandir el sistema de áreas protegidas de Madagascar.

Su artículo parte de una pregunta muy interesante: ¿cómo es que la territorialización estatal puede convertirse en un vehículo para la acumulación de capital a favor de entidades no estatales? Para responderla, ella regresar al fundamento teórico provisto por Vandergeest y Peluso, sobre este proceso. Para ella, la territorialización estatal es un “proceso históricamente contingente, negociado y dinámico que se desarrolla a través de interacciones entre agentes estatales y no estatales” (pp. 704-705), el cual se manifiesta en los esfuerzos de instituciones estatales de controlar recursos naturales (y la gente que los usa) a partir de: 1) el establecimiento de límites geográficos para delinear los recursos, 2) la distribución de derechos de uso y acceso, y 3) la designación usos particulares permitidos dentro de dichos límites.

En su opinión, aunque la literatura a crecido pasando de análisis genealógicos foucaultianos para integrar otras dimensiones como propiedad, acceso, reforma agraria y modos de vida, la asociación de la territorialización estatal con procesos globales de gran importancia como el neoliberalismo no han sido considerados detalladamente. Siguiendo la larga tradición de estudios desde Peck y Tickell, el neoliberalismo se entiende aquí como un proceso de re-regulación social (donde la desregulación se entiende como una forma más de regulación) cuyo objetivo es crear nuevas estructuras de gobernanza y discursos que sustentan la idea del mercado como mejor forma de organizar las relaciones sociales. Esto se ve puntualmente reflejado en el ascenso de nuevas formas de organización estatal por medio de alianzas público-privadas y la privatización de servicios públicos, las cuales suponen una creciente influencia de intereses no gubernamentales dentro de agendas de política pública previamente dominadas por el Estado. En diversos casos, todo esto termina reflejándose en el ascenso de un sistema de gobernanza transnacional, que viene en la forma inversión privada, operando sobre agendas definidas por redes de intereses no estatales, sobre recursos y espacios anteriormente controlados y administrados por el Estado.

Las implicaciones sociales comienzan con una reducción en la capacidad de rendición de cuentas de estos proyectos con respecto a la ciudadanía, cosa que se ve en el caso de agencias privadas o sin fines de lucro ejerciendo un control político no regulado sobre la cosa pública al respecto de la operación de proyectos originalmente estatales. Pero, siguiendo la amplia literatura producida por David Harvey, estos procesos pueden expandirse – en el caso de sistemas de áreas protegidas – a prácticas de enclaustramiento que terminan transformando lo que otrora fueron tierras comunes o de uso colectivo en propiedad privada para generar ganancias, con el consentimiento estatal. De hecho, la autora, haciendo referencia a los antecedentes del Código de Gestión de Áreas Protegidas, aprobado con el apoyo de ONGs conservacionistas transnacionales, se describe cómo Madagascar pasó de un sistema de áreas protegidas que ofrecían oportunidades de usos comunitarios de recursos a otro en el que el Estado estaba en control de las áreas, impidiendo la residencia de gente local en estos lugares, pero permitiendo la intervención de agentes económicos deseosos de explotar estos espacios por lucro a partir de la venta de servicios relacionados a la conservación.

La lección teórica de fondo es que entre las muchas formas en las que la territorialización estatal se define como un proceso contingente, local y negociado, Madagascar enseña cómo ésta puede surgir de alianzas transnacionales entre agencias estatales y entidades no estatales. Los precedentes de la Política Nacional Ambiental de ese país, en un contexto de grandes vacíos jurídicos, financieros y de capacidad técnica para atender la creación de un sistema de áreas protegidas, reforzaron la posición de los actores no estatales para hacer uso del Estado para acceder a y controlar los bosques del país. Ello revela cómo procesos estatales pueden terminar siendo producidos por agencias que no han sido electas y que no rinden cuentas, y que, a la postre, terminan dispersando tanto los reclamos y el poder sobre el acceso y el control de los recursos naturales a lo largo de diferentes escalas geográficas; eso sin contar que el hecho de “actuar como el Estado” también puede convertirse en un mecanismo para facilitar la acumulación de capital a partir de recursos del sector público.