Introducción
El objetivo de este artículo es el de apoyar la promoción de una línea de investigación crítica que interprete el desarrollo turístico en países subdesarrollados, tomando como caso de estudio a Costa Rica. Está claro que este estudio se inspira en buena medida en las críticas que recibe el modelo turístico del Pacífico Norte del país, en razón de sus efectos socioeconómicos y ambientales. Sin embargo, hay una gran diferencia entre comprender los sucesos de esa región del país como algo particular, y reconocer la problemática en cuestión, aceptando que el turismo es una actividad económica tan llena de contradicciones como cualquier otra en el capitalismo. Partiendo de esta última forma de comprender al turismo y de otros aportes importantes (ver Cordero, 2006 y Britton, 2002), propongo considerar el desarrollo de más investigaciones que reconozcan que el turismo es, en el mejor de los casos, una actividad económica contradictoria. Esto porque, por un lado, genera grandes beneficios económicos relacionados con la apropiación de divisas, la atracción de inversiones y en algunos casos, la creación de empleo; pero, al mismo tiempo, perpetúa y genera desigualdades sociales, culturales, económicas y ambientales.
Con este amplio objetivo en mente, pretendo repasar sobre la literatura crítica escrita en y sobre Costa Rica al respecto de las percepciones e impactos del turismo. Ahora bien, el objetivo de este trabajo no es convertirse en un tedioso estado de la cuestión. Al contrario, pretendo darle alguna forma a las líneas de investigación planteadas por estos textos siguiendo mis propias percepciones sobre la temática. Con este objetivo, propongo dos líneas generales de trabajo, las cuales exploraré más adelante de la manera más ordenada posible.
La primera hace referencia a las consecuencias de comprender al turismo como una actividad que funciona en múltiples escalas geográficas simultáneamente (economía política global del turismo). La organización del producto turístico se caracteriza por una toma decisiones que sucede, en su mayoría, fuera del espacio que recibe a los turistas. Un acto o decisión particular que se da en estos términos es la conversión del espacio receptor en producto turístico, es decir, el proceso de mercantilización capitalista. Esto da cabida a una actividad turística en la que la mayor parte de las decisiones que gobiernan la mercantilización de los espacios suceden en el mundo desarrollado. Lo que a su vez permite la conformación de las llamadas periferias del placer. Así las cosas, esta línea promueve el comprender al turismo como una actividad que construye imágenes que perpetúan la posición de la periferia dentro del moderno sistema mundo, a partir de lo que Aníbal Quijano (2000) llama: colonialidad del poder.
Sin desligarme de la línea de investigación previa, una segunda se relaciona con el nexo entre la agenda de conservación ambiental y la agenda del ajuste estructural (en conjunto con sus impactos en la promoción de nuevos procesos de acumulación capitalista). El eje de la discusión tiene que ver con un problema básico, en un país (o escala) en el que la conservación y la degradación ambiental coexisten: ¿quién decide qué ambiente debe protegerse?; y ¿por qué se decide esto? Una respuesta a esta consulta tiene que ver con lo que Michael Goldman (2002) entiende por neoliberalismo verde, un discurso hegemónico en el ambientalismo que nace de la combinación de otros dos: 1) las prácticas neocoloniales de conversación a base del enclaustramiento y la preservación de recursos naturales; y 2) las nociones neoliberales de valor de mercado y uso óptimo de recursos. El resultado es un discurso que califica los territorios como degradados y no instrumentales y no degradados e instrumentales, en razón del acceso a los recursos importantes desde la perspectiva de una lógica de generación y acumulación de capital (Goldman, 2002: 155).
Este documento está estructurado para presentar las dos líneas anteriores en la secuencia en que han sido brevemente descritas, pero ligándolas con otras consideraciones importantes al respecto del desarrollo del turismo y del actual estilo de desarrollo en Costa Rica. Así, al terminar con la primera línea de investigación, se hace un breve recuento de la historia reciente del país que busca contextualizar las otras dos líneas con mayor claridad.
La economía política global de las periferias del placer
El producto turístico y las cadenas de mercancías
El producto turístico, como cualquier otro, es elaborado con la participación de un conjunto extenso de actores sociales que realizan funciones diferentes. Algunas empresas se dedicarán a tareas de enorme importancia como proveer los servicios prioritarios (mercadeo, alimentación, hospedaje y transporte aéreo) y otras ofrecerán servicios menos importantes (venta de souvenirs, entretenimiento, tours). A escala mundial, millones de personas trabajan en alguno de los servicios que componen la actividad turística, desempeñando funciones en niveles trabajos de baja (limpiar, servir mesas, prostitución) o alta remuneración (como directores de hoteles, presidentes de líneas aéreas, etc.). En resumidas cuentas, el turismo, como cualquier otra actividad económica a escala global, produce una división social del trabajo desde la cual se establece una jerarquía en la que ciertos actores son capaces de ejercer más poder de decisión que otros. De esto se habla cuando se habla de una economía política global del turismo.
Ahora bien, para conocer la forma en la que esta economía política global funciona, hay que comprender cómo se construye el producto turístico. El enfoque de las cadenas globales de mercancías (CGM) argumenta que todo producto es el resultado de un proceso en el que entran en juego diferentes etapas separadas, conocidas como nodos o eslabones. Cada nodo expresa, a su vez, un proceso de producción específico que sucede en un momento y en un lugar determinado, integrando la obtención y la organización de insumos (materia prima, o productos semi-terminados), la fuerza de trabajo, el transporte, la distribución y el consumo. En este sentido, cada nodo de la cadena revela un conjunto de relaciones sociales específicas (Wallerstein y Hopkins, 1994; Gereffi y Korceniewicz, 1994; Sassen, 2007).
Por ejemplo, en un nodo particular, digamos, una maquiladora de zapatos existe un conjunto de relaciones sociales conflictivas. Como se sabe, múltiples investigaciones han lidiado con el problema de la baja retribución salarial y la alta flexibilidad laboral en las maquiladoras. Sin embargo, en otro nodo de la cadena, como sería el caso de las actividades de mercadeo del producto terminado (v.g.: la casa matriz de Nike en Estados Unidos), el tema de la remuneración o la explotación laboral como resultado de la alta flexibilidad en la contratación no resulta ser tan conflictiva como en el nodo anterior (ver Gereffi, 1994, para repasar sobre el ejemplo particular de la CGM del calzado).
Como es de esperar, también existen relaciones entre los nodos mismos de la cadena. Nuevamente, en el caso de la industria de calzado, una casa matriz como Nike controla una gran parte de los canales de comercialización del producto. Ese nivel de control de la etapa final de producción, le otorga a Nike una mayor capacidad de decisión sobre el precio de compra que le ofrece a las maquiladoras en la cadena (pues si no lo aceptaran, Nike puede fácilmente reemplazarlas por otras). Este control de las actividades de mayor valor agregado, hace que Nike ejerza un poder mayor dentro de la cadena de forma regular. Para Hopkins y Wallerstein (1994), y Gereffi y Korceniewicz (1994), estas relaciones de poder son regulares en tanto reflejan una organización particular del sistema-mundo como economía-mundo capitalista. Así las cosas, los nodos tienden a ubicarse espacialmente según su condición de centro o periferia dentro de la cadena global de mercancías. Algunas variables para definir la posición incluyen: 1) la tendencia a la monopolización del nodo, que es mayor para actividades centrales que requieren mayor valor agregado; 2) su grado de dispersión geográfica, en la medida que las unidades de un nodo central están repartidas en menos espacios que las del nodo periférico, como resultado del control vertical de la producción central; 3) la cantidad de cadenas de mercancías a las que pertenece el nodo; 4) los arreglos de propiedad asociados con la producción en el nodo, en tanto nos refiramos a pequeños propietarios o reuniones de éstos alrededor de entidades mayores o simplemente grandes empresas divididas territorialmente; 5) el tipo de modos de control del trabajo que se encuentran en cada nodo, con arreglos salariales o no salariales, o formas (Wallerstein y Hopkins, 1994: 25).
No está demás decir que las asimetrías entre los nodos de la cadena dan cabida a la aparición de relaciones de poder, en tanto eslabones específicos pueden ejercer un mayor poder de decisión sobre el total de la cadena con respecto a otros. Gereffi (1994) define dos tipos de cadenas particulares: 1) del productor y 2) del comprador. Una cadena impulsada por el productor es una en la que una corporación transnacional verticalmente integrada se encarga de ejecutar las tareas de producción, distribución y mercadeo. Existe una relación de poder que es internalizada pues se expresa entre las oficinas centrales y las oficinas filiales (v.g.: la relación entre Intel o American Airlines en Costa Rica y su casa matriz). Por su parte, una cadena impulsada por el comprador se caracteriza por contar con nodos muy importantes en los que se realiza la importante tarea de vincular las actividades productivas con los mercados de consumo. Esta actividad de coordinación del mercado le otorga a este nodo una importante relación de poder (v.g.: cadenas de supermercados).
Aunque el enfoque de las CGM ha sido utilizado predominantemente para comprender cómo funcionan actividades agropecuarias o manufactureras, se puede estar de acuerdo con otros autores (como Cordero, 2006; Clancy, 1998 y 2008) que argumentan que el turismo también puede comprenderse haciendo uso del enfoque. Sin embargo, algunas condiciones deben tomarse en cuenta a la hora de elaborar el análisis. Primero, debe reconocerse que cuando se habla de turismo se habla de un producto intangible. Consiste ante todo de la construcción de una experiencia (una puesta en escena, si se quiere) destinada a satisfacer la demanda de lo que el turista entiende como ocio. Esto hace que, primero, buena parte de la producción y el consumo del turismo se dé al mismo tiempo y también, que obligue al turista a viajar para acceder al producto y no al revés. Segundo, también hay que reconocer que una parte importante del turismo no sucede en el espacio receptor, sino que en el emisor. El turista debe ser compelido a viajar a un destino particular, por lo que el proceso de mercadeo adquiere un rol trascendental.
Vera et al. (1997: 81-83) plantea tres elementos centrales para comprender la manera en que funciona la producción del turismo. Un primer elemento son las preferencias y expectativas del turista con respecto al espacio receptor. Antes de que el turista se desplace a cualquier atracción debe tomar una decisión en la que la valore y la compare con otras. Dado que normalmente su información al respecto no es de primera mano, la que obtiene de segunda mano (v.g.: amigos que recomiendan el destino o la publicidad, etc.) adquiere un peso importante dentro del proceso decisorio (Liu et al., 2006). Además, el turismo existe en el marco de una cultura del turismo, que abordaremos más adelante, pero que en términos básicos, promueve que la persona busque continuamente experiencias y conocimiento sobre diferentes lugares con fines claramente lúdicos. De esta forma, un turista es ampliamente influenciado en buena medida por mensajes que circulan los ámbitos de socialización: la familia, los medios de comunicación, los grupos sociales en los que participa y la cultura (Edensor, 2001).
Un segundo elemento lo componen el conjunto de actores públicos y privados que promocionan y comercializan los espacios turísticos receptores, es decir, los destinos turísticos. Aunque se hablará más delante de esto, se hace referencia a un conjunto de empresas e instituciones públicas, ubicadas la mayoría en el espacio emisor, que ayudan a construir percepciones sobre el espacio receptor, con fines no necesariamente turísticos (v.g.: cadenas de noticias, gobiernos extranjeros, shows televisivos, etc.). Pero que, en conjunto colaboran para construir los imaginarios sobre los cuales los turistas finalmente se deciden para viajar.
Finalmente, un tercer elemento es el espacio receptor de turistas en sí mismo. Éste se compone a su vez de cuatro elementos: 1) los recursos naturales o artificiales que se publicitan para motivar el desplazamiento del turista (las atracciones turísticas), 2) una sociedad local que participa de la construcción del espacio receptor y que está sujeta de los impactos económicos, sociales, culturales y ambientales del turismo; 3) los actores públicos y privados que proveen los servicios directos o de apoyo a la experiencia turística (los hoteles, las líneas aéreas, los restaurantes, las agencias de tours, etc.); y 4) la infraestructura de acceso que faculta al turista a desplazarse hacia y dentro de los espacios receptores (Vera et al., 1997: 81-83).
En la cadena global de mercancías del turismo podría decirse que los primeros dos elementos señalados por Vera et al. (1997) tienen una importancia trascendental para la formación del producto turístico y son centrales para conocer las relaciones de poder asimétricas que gobiernan la economía política global del turismo.
Construyendo las periferias del placer: imaginarios turísticos y mercantilización de los espacios receptores y colonialidad
Desde la década de 1970, se ha venido desarrollando un extenso debate sobre las razones que dan cabida a la inclinación del turista a viajar. Las afirmaciones que se han hecho son muchas, todas inspiradas en posiciones al respecto de otros debates irresueltos en la teoría social (particularmente aquel entre estructura-agencia). Una posición dominante dentro de la sociología del turismo es la de McCannell (1992). Para este autor, el producto turístico se elabora partiendo de una idea o una promesa al consumidor, en la que se ofrece a éste la posibilidad de escapar de su realidad social para acceder a experiencias diferentes de las que vive cotidianamente en su trabajo o en su hogar.[1] En resumidas cuentas, el turismo le provee al turista una válvula de escape mediante la cual puede liberarse de su “cotidiano ser” dando cabida al sueño de construir un “nuevo ser”. Es una oportunidad para reinventarse por medio de un “dejar ir” emocional y corporal (Franklin, 2004: 282-283; Edensor, 2001: 60).
McCannell (1992) y otros (Franklin, 2004; Edensor, 2001) han reconocido la importancia de la construcción propia de identidad que hace el turista de sí mismo. Sin embargo, consideran que aunque integra una construcción propiamente individual, ésta responde significativamente a patrones social y culturalmente codificados de antemano. Las preferencias, por un lado, resultan en no poca medida construidas a partir de la emisión sistemática de imágenes y discursos por parte de la publicidad, los medios de comunicación y la percepción social de los lugares. En su conjunto estas imágenes permiten la elaboración colectiva de un imaginario turístico, una cacofonía de ideas e imágenes idealizadas sobre los espacios receptores que se encuentra en constante proceso de revisión y reformulación (a la postre más complejos) (Hiernaux, 2002: 8). A modo de ejemplo, una escapada romántica tiende a equipararse con París, sin considerar siquiera las problemáticas sociales (v.g.: raciales o relacionadas con los migrantes) que experimenta esa ciudad. Sin embargo, si esas problemáticas resultaran en violencia hacia turistas, el imaginario del lugar cambiaría necesariamente (Hiernaux, 2002: 7).
El aporte de Urry (2002) es esencial en este sentido. La “mirada del turista” hace referencia a una construcción de este imaginario. Para el turista existen ideas anticipadas de estos espacios en tanto prometen placeres intensos y fantasías – sin duda reafirmadas por prácticas sociales no turísticas como los medios de comunicación. Como resultado, ciertas facetas de los paisajes son sacadas fuera de lo ordinario y son convertidas en extraordinarias – sujetas a la necesidad de ser captadas por fotografías y de ser vistas directamente. Así, se convierten en símbolos de lo que, en el individuo, constituye la diferencia entre lo mundano y lo extraordinario. El turista se convierte en un recolector de imágenes y símbolos, con los que construye su propia imagen. Se puede ser explorador de la “naturaleza verdadera y violenta” (en Costa Rica), un viajero atraído (Marco Polo) al “sensual y exótico Oriente” (en Egipto), o del conquistador del “misterioso pueblo inca” (reflejado en la típica fotografía de todo quien haya viajado a Machu Picchu, que pone al turista en una posición dominante sobre la ciudad inca y el paisaje local).
Un factor de gran importancia en la construcción de la identidad del turista tiene que ver con el significado del turismo como símbolo de estatus. Para Watson y Kopachevsky (2002: 281), la experiencia que promete un destino turístico tiene obviamente un costo monetario que refleja su valor de cambio, pero que también refleja algo más: un valor simbólico. Shaw y Williams (2004: 65) ejemplifican este punto reconociendo que el disfrute de un plan de vacaciones en un hotel famoso (v.g.: el Ritz de París, o el Plaza de Nueva York) adquiere un valor de intercambio que, no es, en ninguna medida, un reflejo de los costos de producción asignados a dicha mercancía.
Ahora bien, aunque hablemos de diferentes modos de desarrollo capitalista (fordismo, posfordismo, aperturismo, neofordismo, etc.; de los que hablaremos más adelante) y de diferentes identidades del turista (ver Plog, 2001), hay algo que permanece estable. El turismo no deja de estar aparejado a un continuo proceso de construcción y reconstrucción de valores simbólicos y de cambio al respecto de los espacios receptores turísticos, que obliga a estos últimos (según sea el grado de dependencia de la actividad) a moldear su oferta con el objetivo de garantizar su competitividad a lo largo del tiempo, es decir, manteniendo su atractivo para el turista. Puesto de otra forma, las decisiones individuales y colectivas que se toman dentro de un espacio receptor y que terminan de moldeándolo, están influidas en importante medida por las preferencias que se elaboran colectivamente (mediando la influencia de los canales de socialización y el bombardeo propagadístico) en el espacio que origina el flujo turístico.
Ahora bien, algo importante que debe recordarse es que el turismo es una actividad que existe dentro de un sistema capitalista. De esta forma, el acceso a las experiencias pasa necesariamente por un proceso de valorización que depende de la asignación de valores de cambio a los productos turísticos: es decir los espacios turísticos. En esencia, y tomando en consideración lo anterior, hablamos de un proceso por medio del cual el espacio emisor valoriza al espacio receptor y sus contenidos: culturas locales, ambientes y personas. Lo que, de otra forma se entendería como el proceso de mercantilización del espacio receptor por el emisor (Mowforth y Munt, 2006: 65). Este es un rasgo esencial que permite comprender al turismo como una relación de poder, la capacidad que tiene un conjunto de población de asignar un valor económico a actividades y cosas que, hasta ese momento no lo eran y sin tomar en consideración la posición de quienes las realizaban por otros fines (v.g.: ceremonias religiosas o culturales, naturaleza, personas, etc).
Como se decía al principio, esta relación de poder no se abstrae la lógica que gobierna a la economía-mundo capitalista y su división axial y espacial que la divide en centros y periferias (ver Wallerstein, 2005). Nos dice Cordero (2006: 43-44), que la primera faceta a reconocer del turismo es su naturaleza claramente asimétrica. Según datos de la Organización Mundial de Turismo (OMT), en 2005, hubo cerca de 790 millones de arribos turísticos a escala mundial, que generaron 680 mil millones de dólares en divisas. No obstante, 65% de los arribos y 75% de las divisas se dieron o se generaron en países desarrollados. Por otro lado, los turistas que hicieron estos viajes y gastaron este dinero eran, la mitad, europeos y un cuarto, estadounidenses. Lo mismo sucede en Costa Rica, así, según el Anuario Estadístico del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), en 2007, arribaron por vía aérea 1.356.995 turistas (68,5% del total) [2]. De éstos, casi un 70% provenían de países desarrollados (55% eran estadounidenses, 17% europeos y 7% canadienses). De esta forma, el turismo debe estudiarse reconociendo su naturaleza dentro de la economía mundo, en tanto, es una actividad que, primero, sucede en su mayoría dentro del mundo desarrollado; y segundo, cuando no se da allí y se dirige a las periferias, se caracteriza por ser indiscutiblemente unidireccional (Cordero, 2006: 44).
Como resultará lógico, en el capitalismo, la realización de las experiencias intangibles que promete el turismo depende de la capacidad del individuo para generar un ‘gasto para ocio’, es decir, de un gasto residual al que dedica para otras tareas vitales (alimentación, alojamiento, servicios básicos, etc.). Geográficamente, es en las zonas centrales donde se concentra la mayor parte de las personas que pueden tener la posibilidad de generar este gasto de ocio. Así las cosas, podemos agregar que una característica de la mercantilización turística dentro de la cadena global de mercancías es que: el proceso de mercantilización turística del mundo subdesarrollado comienza, en la mayoría de los casos, en las zonas desarrolladas, especialmente, aquellos países que conocemos como Occidente.
Las características del turismo como relación de poder le otorgan una noción que le define como una actividad claramente demarcada por un discurso basado en la colonialidad. Según señala Hiernaux (2002: 12-26) el turismo es una actividad que tiene su origen en los idearios del mundo occidental, así, proveyendo de contenido a los principales imaginarios. Estos idearios, continúa el autor, se conforman de una construcción del turismo que reivindica la búsqueda de la felicidad. Así las cosas, se parte de una doctrina liberal en que la utilidad individual se obtiene a través del consumo, el hedonismo y el confort (ver también Castellón, 2006: 68). Esto se une a otros idearios occidentales como el del descubrimiento del otro. Se trata de un ideario que lleva a comprender al turista como explorador, quien busca instruirse de la exótica realidad del otro; y que por ende, añora un contacto con éste. No obstante, su construcción del otro es selectiva y no etnográfica (tanto así como la misma ‘mirada del turista’), de forma que no busca identificarse con éste sino que diferenciarse de éste (como quien mira a un espécimen biológico en un museo) (Hiernaux, 2002: 22).
Para Anibal Quijano (2000: 342), un rasgo central de la construcción del proyecto europeo de la modernidad es la construcción de otro paralelo basado en la colonialidad, en el que la identidad de los otros (no europeos) resulta construida por el pensamiento europeo, sin la participación de éstos. Este proyecto se caracteriza por un continuo y disperso ejercicio de poder que se refleja en la capacidad del discurso eurocentrista de elaborar e imponer clasificaciones sociales de corte universal que acarrean un sentido de dominación. Para este autor (374-380), estas categorías construyen las divisiones sociales en razón de raza, género y trabajo constituyendo la esencia de la diferencia fundamental entre dominación y explotación, constituyendo lo que se conoce como colonialidad del poder.
“Tal como lo conocemos históricamente, a escala societal, el poder es un espacio y una malla de relaciones sociales de explotación / dominación / conflicto articuladas, básicamente, en función y en torno de la disputa por el control de los siguientes ámbitos de existencia social: 1) el trabajo y sus productos, 2) en dependencia del anterior, la ‘naturaleza’ y sus recursos de producción, 3) el sexo, sus productos y la reproducción de la especie, 4) la subjetividad y sus productos, materiales e interesubjectivos, incluidos el conocimiento, 5) la autoridad y sus insturmentos, de coerción en particular, para asegurar la reproducción de ese patrón de relaciones y regular sus cambios.” (Quijano, 2000: 345).
El turismo existe en el marco de estas divisiones sociales elaborando una construcción en dos momentos. Por un lado, a través de la mercantilización del espacio receptor: personas, recursos naturales y cultura. El acceso a un parque nacional, la compra de tiquetes para observar una ceremonia indígena, el pago de servicios para vivir una experiencia de ‘turismo etnográfico’, todo esto depende de la inserción del espacio dentro de una lógica de capital que construye una división social del trabajo basada en la explotación. Pero también existe un segundo momento de reconstrucción estética y utilitaria. Así el espacio receptor (persona, recursos naturales y cultura) es simplificado para satisfacer la fácil asimilación y consumo requerido por la experiencia turística, como en una obra de teatro, todo comienza a parecer ‘escenificado’. En términos generales lo que se ve es la construcción de una nueva división para reflejar la relación entre espacio emisor y receptor: turista y atracción turística; quien realiza la acción y quién la recibe.
Así las cosas, existe una construcción discursiva y hegemónica del espacio receptor que, en gran medida, resulta ajena de las dinámicas sociales de dicho espacio, pero que resulta, al final internalizada por éste. Con la mercantilización turística de la periferia surge la periferia del placer, por medio de la cual el Primer Mundo construye estéticamente la imagen del Tercer Mundo sobre los cánones de exotismo, erotismo, sensualidad, simpleza y sustentabilidad de los espacios receptores (Mowforth y Munt, 2006: 69-71, ver también Said, 1991).
Cuadro 1. Algunas percepciones internacionales y locales del Costa Rica y Centroamérica obtenidas de guías turísticas.
Rubro | Percepción |
Costa Rica | “Un territorio salvaje lleno de vida silvestre donde los continentes colisionan. Bananos, bungees, playas y pájaros. Donde comer, beber y dormir. Navega por ríos y cañones, marcha por bosques lluviosos vírgenes. Caminar y bucear. Volcanes al rojo vivo, bosques nubosos y un mar azul profundo” (Hutchinson, 2004: 1). |
“Menciono Costa Rica y la gente piensa paraíso. El elenco estilo Disney de creaturas del país – que van desde monos aulladores a tucanes – es muy poblado y fácil de observar. Las olas son de primera calidad, la belleza es asombrosa y el paso lento del país, seductor. Un oasis pacífico en una región tumultuosa.” (The Lonely Planet; www.lonelyplanet.com/costa-rica). | |
Costarricenses | “Amigables en extremo, en ocasiones colaboradores al punto de la vergüenza, el mundo del Tico está desprovisto de una historia traumática de conquistas, revolución y conflicto abierto. La vida es para vivirla, y una vida buena y relajada debe ser siempre celebrada. Como dice el Tico, la vida es ‘pura vida’”. (Hutchinson, 2004: 9). |
Centroamérica | “Adornado con el colorido intenso de telas bordadas artesanalmente, encandilado con la sonrisa de sus gentes imitando el ritmo pegadizo de sus bailes, el viajero quedará cautivado con el rico mosaico de razas donde el criollo y el mestizo comparten la misma tierra con más de veinticinco grupos indígenas (énfasis original) protagonistas todos ellos de un sincretismo cultural excepcional” (Agencia de Promoción Turística de Centroamérica; www.visitcentroamerica.com). |
FUENTE: Construcción propia a partir de datos de varias Guías Turísticas y de CATA, 2010.
La imagen que provee Edward Said (1991 y 1993) al respecto del encuentro del escritor francés Gustave Flaubert con la cortesana egipcia Kuchuk Hanem, pareciera ser un reflejo muy evidente de la naturaleza de la relación entre el centro y la periferia del placer. En sus Cinco Cartas desde Egipto, Flaubert describe un baile en el que la cortesana simula que una abeja pareciera haber entrado en su ropa y empezado a picar su cuerpo. Ella empieza a remover toda su vestimenta hasta quedar completamente desnuda. Una vez en ese punto, invita a Flaubert a su cama. Sin entrar en detalle en lo verídico o no del relato, Said aborda el tema de la construcción de la identidad del otro, en este caso Hanem, por parte de Flaubert. Así, concibe un factor central en la construcción del orientalismo: el silencio del otro. El escritor francés construye una imagen de la mujer oriental, sensual, obediente, irracional, pero más importante silenciosa, en tanto ella no es parte de la construcción de su propia identidad: la imagen de un Oriente irracional y silencioso. Cuando se habla de turismo, predomina una voz – en este caso occidental – que construye a un otro silencioso (la periferia del placer), definiendo de paso una realidad, una imagen, lo que hay y se puede hacer en el lugar, los sitios que vale la pena visitar y la naturaleza general del lugareño. Todo esto puede quedar más claro con las anteriores citas (ver cuadro anterior).
En Costa Rica, ejemplos de esta situación han sido estudiados en múltiples ocasiones. A modo de ejemplo, Rivers-Moore (2008), estudia la manera en que se elaboran los discursos de diversos actores al respecto del turismo sexual en Costa Rica. Para esta línea de investigación, se debe prestar especial importancia al peso que tiene la masculinidad del extranjero sobre la construcción de la identidad de las trabajadoras del turismo sexual, donde se implícita una noción de rescate por parte del extranjero de la situación de opresión de estas mujeres por parte de los costarricenses. Un punto de vista similar es planteado por Harnecker y Lizana (2001) quienes reconocen, en el marco de la promoción turística que se ha hecho del cantón de Santa Cruz de Guanacaste, de la imagen de tradicionalismo y cultura, como mercantilización de las relaciones sociales (ver también Vandegrift, 2008).
Al respecto de esto también es importante el reconocer de la sistemática imposición de valores extranjeros dentro del proceso, tanto o igual que la construcción de los espacios receptores por Occidente. Paralelo al proceso de construcción de las diferencias existe otro de asimilación cultural de occidente, que en términos simples, constituye el proyecto geocultural y dominante (Sousa, 2009; Escobar, 2007; Wallerstein, 2005; Quijano, 2000). Múltiples estudios realizados en Costa Rica (Castellón, 2006; Alvarado y Barrantes, 2004; Chant, 2002; Moreno, 2002; Beltrán et al., 1998) se enfocan en el reconocimiento de los cambios en las dinámicas cotidianas y culturales de diversas zonas del país. Castellón (2006) refleja este proceso de mercantilización / estetización para el caso de los habitantes de la comunidad de Villarreal en Guanacaste. Según el autor (74-75), ciertas actividades locales (como rezos, fiestas a figuras religiosas y otras) pierden su peso en la cotidianidad, mientras que otras (como fiestas patronales, bailes folclóricos y otras, reconocidas como parte de la ‘identidad guanacasteca’ que son centrales como atractivos para el turismo cultural, son mantenidas.
Las condiciones materiales de la colonialidad turística
Ahora bien, esta construcción discursiva del espacio tiene una gran relación con la forma en que el turismo como actividad económica resulta constituido. Según Britton (2002: 156; ver también Lanfant, 1980), un rol fundamental dentro de la cadena de la mercancía turística reside en las empresas transnacionales, en tanto cuentan con una gran habilidad de elaboración del discurso alrededor de los imaginarios turísticos. Por un lado, estas empresas cuentan con la ventaja de estar ubicadas dentro del espacio emisor mismo, de esta forma son las que proveen y realizan con mayor frecuencia el mercadeo de un producto turístico específico en dicho espacio. Por otro lado, estas empresas presentan una gran capacidad para realizar procesos de integración – mediante relaciones contractuales – con las empresas proveedoras de los más importantes servicios de apoyo que requiere el turismo para funcionar (hospedaje, alimentación y transporte desde el espacio emisor) (Mowforth y Munt, 2005: 189-194; Britton, 2002: 171; Cordero, 2006: 55-56; Clancy, 1998: 140-141).
En Costa Rica, un estudio breve de los datos recogidos por las Encuestas a Turistas no Residentes de 2007 permite obtener alguna información muy importante en torno a este tema. Para empezar, el gasto más alto que típicamente hacen los turistas para venir al país es en torno al boleto de avión. En promedio, el costo del boleto fue de 700 dólares por persona, alrededor de un 35% del dinero gastado en todo el viaje.
Como se sabe, la cadena de mercancías ligada a la industria aérea mundial se caracteriza por ser claramente oligopólica, esto en razón de las altas inversiones iniciales para la producción (en razón de altos costos tecnológicos y mano de obra) y del alto grado de restricciones y regulaciones gubernamentales (que también elevan los costos). Así, ese 35% del gasto turístico tiende a ser recogido por muy pocas empresas. Según las Encuestas, un 80% de los turistas que usaron el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) dijeron haber usado una de seis aerolíneas para realizar su viaje al país: American (32%), Continental (14%), LACSA-TACA (16%), Delta (8%) o Marinair (7%). De igual forma, un 88% de los turistas que usaron el Aeropuerto Daniel Oduber (AIDO) utilizaron una de tres aerolíneas: Continental (31%), American o Delta (28%, cada una).
Sin contar el costo del boleto de avión, el análisis del gasto medio por turista en Costa Rica revela que una proporción de entre 35% (AIJS) y 45% (AIDO) se utiliza en el hospedaje y que otra de entre el 33% (AIJS) y el 20% (AIDO) se dedica a gastos de alimentación. El resto del gasto se distribuye en una gran cantidad de actividades secundarias que incluyen: servicios médicos, transporte dentro del país, tours, entretenimiento, compra de artesanías, alquiler de vehículos, impuestos de salida y tarifas de entrada a parques nacionales y museos.
Ahora bien, en el caso del hospedaje, la Encuesta también señala algunas prácticas del turista en el país que vale la pena señalar, pues auguran una importante concentración de la demanda en hoteles nacionales de gran tamaño y de capital transnacional. Para empezar, existe una preferencia del turista por actividades de ‘sol y playa’, que como bien se sabe es reconocido por atraer un tipo de turismo que es mayoritariamente manejado por grandes operadores transnacionales (Román, 2007). De esta forma, un 96% de los turistas respondieron haber visitado las regiones de Guanacaste Norte, Pacífico Medio o el Valle Central, siendo las dos primeras, zonas donde lo que se promueve es un producto turístico de este tipo. En estas regiones fueron en las que los turistas dedicaron la mayor parte de su tiempo, así, en promedio la estadía de los turistas en estas zonas rondó los 6 a 8 días, siendo el período de estadía regular de entre 8 a 12. Además, cuando se les preguntó directamente sobre sus actividades en Costa Rica, un 86% de los turistas afirmó haber realizado actividades de sol y playa en su viaje, una proporción menor (63%) afirmaron haber descansado y únicamente porcentajes de 30% o menos hicieron actividades vinculadas al turismo sostenible o de aventura: caminatas por senderos, observación de flora y fauna, cabalgatas, canopy, etc.
Por otro lado, en cualquier lugar que se aloje, el turista parece buscar un alto nivel de calidad. De esta forma, un 59% de los turistas que usaron el AIJS y un 85% de los que usaron el AIDO, se hospedaron, durante su estadía en hoteles de 4 o 5 estrellas. Esto no contabiliza un porcentaje bastante alto de personas, que no señalaron o cuyo entrevistador no señaló el hotel en el que se quedaron, y que, de igual forma pudieron haberse alojado en un hotel de esta naturaleza. Ahora bien, lo anterior tiene sentido si se reconoce – con base a un censo de la oferta hotelera que realizó el ICT en 2007 – que en Costa Rica, sólo un 3,5% de los hoteles contaban con una calidad de 4 o 5 estrellas. Mucho más serio es que de éstos, un 81% eran hoteles grandes o muy grandes, es decir, instalaciones con un tamaño superior a las 25 habitaciones. Vista de otra forma, estos 90 hoteles ofrecen al turista 8.470 habitaciones y de éstas 5.319 habitaciones (63%) se encuentran ubicadas en hoteles con vínculos conocidos con capitales transnacionales.
A grandes rasgos, los datos anteriores facultan señalar la presencia de algunas ventajas de la empresa transnacional, ligada con grandes sectores empresariales nacionales. En este marco de organización empresarial, el hotel transnacional típicamente contrata a grandes empresas nacionales para que realicen las tareas de operación de los hoteles a cambio de un porcentaje de las ganancias totales. La empresa transnacional es la que corre con los riesgos más bajos a cambio del uso del nombre de la cadena y de la red de contactos con la que esta cuenta, siguiendo los términos de lo que Cordero (2006: 41) denomina “corporación hueca”; y de lo que Clancy (1998) interpreta como una cadena global de mercancías dirigida por el comprador.
Según Shaw y Williams (2004: 59-65), estos grandes hoteles cuentan con una mayor capacidad de capitalizar las ventajas de la ‘marca’ en el mercado, al ofrecer productos estandarizados y de reconocida calidad para el turista, con precios y lugares clave. Esto les permite ofrecer un producto estandarizado y con garantía de calidad (dado el peso de la marca y de la experiencia previa del turista con ella) y creado para una demanda uniforme y poco cambiante (turista masivo y orientado a sol y playa, sobre todo). Esto se traduce en reducidos costos por unidad y en un aumento de la satisfacción del consumidor.
Sobre este marco, las empresas más pequeñas no se encuentran en posibilidades de competir excepto que tengan la capacidad de realizar inversiones a gran escala y con altos niveles de riesgo para competir con las transnacionales. Puesto de otra forma, el mercado tiende a ser más difícil y peligroso para las empresas pequeñas, si su objetivo es competir en el mismo sector de actividad, aunque no impide que éstas sigan existiendo intentando controlar pequeños nichos de mercado que son poco rentables para las empresas transnacionales (Shaw y Williams, 2004: 58).
Hay un último factor que debe tomarse en consideración: la importancia del paquete turístico. El paquete turístico consiste en la organización, por parte de un tercero, de los arreglos más importantes de un viaje de un individuo a otro país. Se trata de un mecanismo en el que una empresa específica (agencia de viajes o de tours), realiza la crucial labor de vincular al turista individual con empresas individuales que ofrezcan uno o más de los servicios que utilizarán en el espacio receptor. Esto tiene grandes implicaciones en tanto constituye un mecanismo de coordinación económica que faculta la definición del itinerario de los movimientos (y por ende, de los gastos también) del turista durante toda su estadía, buscando concentrar al máximo su gasto en el extranjero (ejemplo: paquetes ‘todo incluido’) (Britton, 2002).
La teoría señala que el uso del paquete turístico conlleva tres consecuencias en el espacio receptor. Primero, los turistas utilizando un paquete tienden a concentrar sus gastos en empresas que tengan capacidades para vincularse o coordinar económicamente con la agencia internacional de tours, lo que podría terminar descartando a opciones pequeñas. Segundo, se da un efecto de ‘confinamiento’ del turista y de sus gastos realizados in situ. Así, dado que, en general, el turista no se aventura lejos de la zona señalada por el paquete turístico (el hotel, los restaurantes – muchas veces dentro del hotel y no fuera, y los tours comprados al principio), el turismo tiende a manifestarse geográficamente como una industria de enclave. El resort turístico es la expresión espacial más clara de esta forma de organización de los movimientos del turista – y más importante aún – de su gasto dentro del espacio receptor (Britton, 2002; Gonsalves, 1995).
Figura 1. Vínculos internacionales entre sectores turísticos centrales y periféricos
FUENTE: Britton, 2002.
No obstante, en Costa Rica, las Encuestas demuestran que el paquete turístico no es la forma predominante de planeamiento de los viajes. Para las Encuestas del ICT solo un 20% de los turistas que usaron el AIJS y un 40% de los que usaron el AIDO contrataron un paquete turístico para planificar su viaje. Un estudio realizado por la Universidad de Cornell (Estados Unidos) confirma parcialmente estos resultados al afirmar que un 46,8% de los turistas planean su viaje a través de una agencia establecida con ese propósito. Eso significa que un poco más del 40% escogió su hotel sin intermediarios y un 10% lo hizo por páginas de descuentos por Internet (ejemplo: Expedia u Orbitz) (Liu et al., 2006).
Ahora bien, según la Encuesta del ICT, de los turistas que usaron un paquete turístico, en el 80% de los casos, el paquete turístico cubrió los tres servicios centrales: hospedaje, transporte aéreo y alimentación. Sin embargo, no debe olvidarse que un porcentaje significativo de los turistas que llegan a Costa Rica tienden a planificar sus viajes de forma individual, haciendo uso de otros recursos como la experiencia, el conocimiento personal y la Internet, que, para Liu et al. (2006), no es todavía una opción que necesariamente reemplace al agente de viajes (únicamente un 10% de los entrevistados usó este medio para planear su viaje).
Los datos necesariamente apuntan a dos afirmaciones: primero que en Costa Rica, el turismo, si bien es una importante actividad económica, cuyo ingreso termina siendo recuperado internamente, es también una importante fuente de ‘filtraciones’. Segundo, que esta dinámica podría tener diferencias a escala nacional. Por filtración se entiende el fenómeno por el cual el gasto que turista hace en el país como divisas tiende a escaparse del país como ganancias para sectores económicos que están fuera de éste (Mowforth y Munt, 2005; Inskipp, 2008). Esta situación puede responder a algunos de los problemas señalados como: 1) el peso tan grande con que cuentan las empresas transnacionales en la provisión de los servicios básicos en el país y 2) el uso todavía considerable de paquetes turísticos en el planeamiento del viaje. Esto reduciría las rentas que podrían llegar a distribuirse directamente como resultado de la actividad turística en el país. A esto debe sumarse otros temas como el de la propiedad de las empresas locales, que significativamente podría terminar reduciendo las rentas totales obtenidas, recordando que en Costa Rica, alrededor del 65% de los hoteles anualmente encuestados para The New Key to Costa Rica pertenecen de forma parcial o total a extranjeros (Inskipp, 2008: 9; Blaker, 2009).
La figura 1 resume la tendencia presentada, planteando que el flujo total del gasto turístico realizado en el extranjero tiende a favorecer la acumulación, primordialmente de ciertos sectores empresariales centrales. En segunda instancia aquellos otros sectores dominantes en la periferia que operan los más importantes servicios turísticos, en muchos casos ligados en inversiones conjuntas con empresas transnacionales; y el Estado, que, como veremos adelante, ejerce alguna capacidad de redistribución (que bien podría ser constreñida como resultado de los beneficios fiscales con que cuentan muchos de los hoteles). Finalmente, presenta como los sectores subalternos dentro de la cadena se encuentran supeditados a actividades menores, que lógicamente no podrían competir con las de los sectores dominantes (ver Britton, 2002 y Shaw y Williams, 2002).
Un ejemplo de esta situación es que un 37% de la micro, pequeña y mediana empresa turística de Guanacaste y un 59% de la de la Zona Norte se dedica a servicios turísticos de alimentación (restaurantes, sodas, etc.) (Barrantes Cartín, 2010). En un estudio realizado en 2006, Picón Cruz et al, alcanzan algunas conclusiones que caracterizan bien la situación en que las microempresas de hospedaje en la zona de Guanacaste se insertan en el mercado. Así las cosas, se trata de empresas demarcadas por un alto grado de informalidad, manejan un personal con poca calificación y alta rotación de la mano de obra; y tal vez, lo más importante, suplen un mercado de mediano, pero sobre todo, bajo ingreso, que es, también de origen nacional. Así, su nicho de mercado lo es, una suerte de turismo nacional – compuesto de turistas y trabajadores locales – que resulta sistemáticamente rechazado o incapaz de acceder al producto turístico ofrecido por los grandes y medianos hoteles ubicados en la zona (pp. 60-64).
Recuadro 1. El microempresario hotelero turístico en Costa RicaTípicamente una parte central de la literatura relacionada con turismo en Costa Rica considera que una característica del turismo sostenible es la ausencia de obstáculos para la constitución de un microempresariado en competencia con hoteles de mayor tamaño (Shaw y Williams, 2004; ver también, Olson y Pratt, 1997; Segura y Inman, 1998; Inman et al., 2002). De hecho, resaltan y se extrapolan a menudo las historias de éxito en el país, siendo los casos más usuales La Fortuna y Monteverde (Olivares, 2004; Matarrita Cascante, 2010; Acuña y Brugnoli, 2007). Aunque es innegable que estas historias no reflejan la tendencia nacional, está claro que existen limitantes serias para la inserción del microempresariado en la competencia por el mercado hotelero.
En 2007, el ICT reconocía la existencia de 442 microhoteles y 1.055 pequeños hoteles en el país que sumaban 9.266 habitaciones. En términos generales se trata de hoteles que ofrecen servicios de baja calidad , siendo sólo 2 pequeños hoteles contaban con una oferta de 4 estrellas o más y 27 laboraban con una clasificación de 3 estrellas. Esto significa que esta oferta turística labora con bajos niveles de calidad, tanto así que se vuelven destinos primordialmente utilizados u orientados a satisfacer la demanda turística nacional y no necesariamente la internacional. Esto ya constituye una barrera para el posicionamiento de este sector en tanto supone que el control de la demanda extranjera llega a concentrarse más claramente en los hoteles medianos, grandes o muy grandes (de 20 habitaciones en adelante). Aparte de lo anterior, este sector hotelero recibe muy poco apoyo por parte del Estado. Sólo 77 hoteles (7 micro y 70 pequeños) recibían algún incentivo por parte del gobierno. Aunque el ICT contaba con una oficina destinada a la promoción de la pequeña empresa turística, ésta sólo estaba compuesta por 2 empleados (Picón Cruz et al., 2006: 64). Esto se traduce en una sensación general de abandono por parte del Estado que resume su ayuda en la realización no continuada de talleres de capacitación de micro y pequeños empresarios. Así, no existe un incentivo estatal para formalizar a estas empresas, por lo que terminan ofreciendo sus servicios de forma externa al mercado (sin establecerse propiamente como hoteles) y supliendo un mercado tangencial. Con mucha razón, es que resulta más factible notar la presencia de micro y pequeñas empresas laborando en otros sectores subalternos y no directamente en el marco del sector hotelero. Así, resulta más factible la constitución de empresas que realizan labores como restaurantes, tiendas, souvenirs, ente otras. Manejando niveles de rentabilidad bastante más bajos. |
A modo de balance de las anteriores dos secciones es posible señalar que la cadena global del turismo se ve definida por una combinación de factores socioeconómicos y culturales. Una parte sustancial de la literatura al respecto del turismo ha venido trabajando sobre la relación que existe entre los modos de producción y consumo capitalista y las características económicas y culturales del producto turístico.
Para Harvey (2008: 135-136), el fordismo de después de la Segunda Guerra Mundial reflejó un estilo de vida en el que la producción y el consumo en masa se encuentran con una mercantilización estética de la cultura. Económicamente, se establecieron las condiciones para la formación de economías de escala donde los bienes son producidos en masa, siendo estandarizados para una clientela desdiferenciada con el fin de ser consumidos en masa. El turismo masivo se volvió un reflejo de esta práctica productiva, en la cual la industria se vio estructurada a través de la venta de rígidos paquetes turísticos todo incluido con descuentos destinados a grandes secciones de la clase media de los países desarrollados (Torres, 2002: 4; ver también: Shaw y Williams, 2004; Mowforth y Munt, 2006; Ioannides y Debbage, 1998).
El resort turístico (Cancún, Miami, Cuba, Las Vegas, Orlando, etc.) se volvió la condensación espacial y cultural del fordismo. Se trata de enclaves construidos con el fin de segregar al turista de la sociedad local con el fin de reducir manifestaciones culturales que podrían resultar indeseables, alcanzando lo que se ha llamado apartheid turístico. El turismo masivo termina ofreciendo al turista un lugar ‘seguro’ y ‘conocido’ donde puede estar rodeado de su ‘gente’ (otros turistas); y donde no tiene que enfrentarse al otro. Externamente, entonces el resort turístico da la impresión de una expresión cultural foránea al espacio receptor pero de común conocimiento en el mundo globalizado, un reflejo de lo que Ritzer y Liska (1997) llaman mcdisneyficación del turismo. Paralelamente, el proceso de masificación del turismo comenzó a construir y difundir una ‘educación cultural sobre el turismo’ que gradualmente fue construyendo y reelaborando el valor simbólico de esta actividad social y que se ve expuesta más claramente en la adoración en el cine y la literatura de los lugares turísticos (Endesor, 2001).
El posfordismo se caracteriza por una especialización, individualización y personalización de la producción y el consumo. En este marco existe una alta diversificación de la oferta como resultado de una diferenciación significativa de los gustos. Todo ello concluye en una clara segmentación del mercado en la forma de nichos que reflejan una variedad de escenarios e identidades turísticas (Torres, 2002: 92; Edensor, 2001: 61). Culturalmente, se presenta la defensa consumista de la individualidad (reflejada en la aparición de los movimientos de consumidores), la identidad queda ligada a la manera en que se consume (v.g.: la moda), y con una mayor segmentación de mercado se da una crítica a las preferencias hacia la producción y el consumo masivo. El turismo masivo resulta ampliamente cuestionado y comienzan a crecer nuevas y variadas formas de turismo: de aventura, ecoturismo, a la medida, etc. En este punto, el valor simbólico del turismo comienza a estar ligado a la singularidad de la experiencia y el esfuerzo consiste ahora en la búsqueda de un estatus moral desde el cual el nuevo turista (más abierto, más aventurero, dispuesto a conocer la cultura y mezclarse con la gente, que busca separarse del camino de siempre) cuestione las acciones del turista masivo (Mowforth y Munt, 2006: 133; Shaw y Williams, 2005; Urry, 1995).
En el caso de Costa Rica es posible reconocer que ambos modelos de desarrollo capitalista tienen algún efecto sobre la forma en que se estructura el sector turístico. Así, por un lado, existe una notable predominancia de actores económicos poderosos ubicados en los núcleos (empresas transnacionales) y en las periferias (grandes empresas locales). No está demás decir tampoco que estos actores laboran orientados con un proyecto que tiende hacia un modelo de turismo masivo, jugando un rol importante los paquetes turísticos y la experiencia de sol y playa. No obstante, también es reconocible la presencia de un sector notable de actores subalternos. Muchos de éstos se encuentran ubicados en actividades definidas en función de los grandes agentes económicos, pero otros dentro de las mismas áreas de actividad que los primeros. Según señalan Shaw y Williams (2004), este fenómeno responde a la capacidad de estos sectores de controlar nichos de mercado particulares, siendo en el caso de Costa Rica, aquel relacionado con el ecoturismo y el turismo de aventura.
Siguiendo los aportes de Ioannides y Debbage (1998), de Ritzer (1998) y de Torres (2002), es factible pensar en modos productivos turísticos y productos no necesariamente excluyentes, incluso en los que ambos tipos de producción se mezcla. Así, hablaríamos de un fordismo demarcado por niveles más amplios de flexibilidad, lo que podría bien denominarse neofordismo. En el marco del turismo, esto se reflejaría en la manera de un producto que es políglota y que ofrece diferentes arreglos para enfrentar a un turista cuyas expectativas, aunque aún permeadas por un discurso desde la colonialidad, se encarna en distintas personalidades: como señala Plog (2001): el aventurero, el ecologista, el hedonista, etc.
Al respecto Weaver (2001), llega al punto de argumentar que el “ecoturismo, tanto como realidad como ideal, puede ser concebido lógicamente como una forma de turismo masivo y no como su opuesto” (p. 104). Desde la perspectiva de este autor, existen discrepancias dentro de la definición misma de lo que es ecoturismo que hacen que muchas de las características de éste comprendan aquellas del turismo masivo, incluso en términos de volumen, propósito del viaje y la dependencia del turista con respecto a la infraestructura (p. 106). Para el autor, existen dos tipos de ecoturistas: el duro o activo y el suave o pasivo, siendo los segundos los más comunes. El primero es una persona que presenta un claro compromiso ambiental, esto significa que en sus viajes busca el mejoramiento del lugar (ideología del progreso). Este se caracteriza por ser un individuo físicamente activo y que viaja por largos períodos de tiempo en grupos pequeños y especializados ejecutando algo así como un turismo etnográfico.
El segundo, en cambio, tiene una visión ambiental más limitada que el anterior. Para este individuo, ser ambientalista consiste en dejar el espacio que visita tal y como lo encontró. Por lo tanto, no reacciona de forma negativa a la presencia de servicios turísticos masivos, en tanto, al tiempo que busca acceder al entorno natural, también espera un conjunto extenso de servicios y confort del espacio visitado. Estas características hacen que el ecoturista suave, o como Weaver luego le denomina ecoturista masivo exija determinadas condiciones del espacio receptor que se asemejan a las necesidades del turista masivo (v.g.: la calidad del alojamiento es un indicador del que ya hablamos), incluso al punto de tomar parte de la experiencia hedonista de sol y playa que caracteriza a ese tipo de turismo. Su experiencia ecoturística puede resumirse en experimentar diferentes contactos con la naturaleza de forma aislada en su viaje como la vista a parques nacionales u otras actividades (turismo de aventura, rafting, etc.) (p. 106-107). A diferencia de lo que pareciera presentarse en los hallazgos de Plog (2001), así como de otros análisis sobre el producto turístico nacional (Román 2007; Arguedas et al., 2005; Arrieta, 1995; Bonilla et al., 2005; Guereña et al., 2005; Seagleau, 1995; Segura y Crist, 1998; Víquez y Aleman, 1991; Zumbado, 2007; entre muchos otros).
Una hipótesis que se lanza con este documento es que el producto turístico costarricense no responde necesariamente a la imagen de sostenibilidad que típicamente presente dentro de la publicidad nacional o internacional. En lugar de ser predominantemente un destino de turismo sostenible fuera del ‘camino siempre caminado’ (off the beaten path), la evidencia presentada anteriormente permite reconocerle más bien como un producto de ecoturismo masivo. Esto tiene una importante implicación discursiva. La noción del producto turístico sostenible se caracteriza por su capacidad para generar amplios niveles de redistribución de riqueza, protección ambiental y respeto a la cultura. Reconocer que el producto turístico no responde al marco del turismo masivo; e incluso aún, no resulta siquiera moderadamente conflictivo con este tipo de producto, supone reconocer la factibilidad de que el país enfrente las consecuencias negativas de este tipo de actividad económica; incluso al punto de reconocer que es factible que ya las esté experimentando (v.g.: dinámicas espaciales de marcada concentración de riqueza y de amplias filtraciones de capitales como resultado de la constitución de enclaves turísticos). Sin embargo, esta hipótesis debe ser justificada de forma más sólida mediante nuevos estudios sobre la temática.
Aunado a la anterior hipótesis, puede señalarse otra importante y es que, el espacio receptor no funciona necesariamente como un elemento pasivo dentro de la construcción de este tipo de producto turístico. Como mínimo, para la constitución de este tipo de producto en Costa Rica, existe una colaboración entre el gran empresariado nacional, las empresas transnacionales y el Estado en orden de dar cabida a este proceso particular de mercantilización. Así también, existe una disposición de la sociedad para actuar dentro de los términos que requiera la escenificación lúdica del turismo. Esto necesariamente nos obliga a conversar sobre el proceso de construcción de hegemonía al respecto de esta actividad en los espacios receptores, cosa que se hará a continuación.
La economía política del turismo en los espacios receptores
Lo primero que hay que entender es que el espacio receptor está siempre sujeto a procesos sociales (que tampoco se relacionan necesariamente con el turismo) en diferentes escalas que intentan darle nuevas formas y características. Una región turística, como cualquier otra región es una condensación híbrida, parcial y porosa, donde el proceso de acumulación capitalista tiene una expresión geográfica puntual que termina distinguiéndola de otros espacios. En sí mismo, es el resultado de procesos de producción, consumo, oferta, demanda y lucha de clases vinculados con otras formas de construcción históricas y sociales como una cultura local y conjuntos de valores (Johnston et al., 2000; Harvey, 2003 y 2000).
Esta resultante es, al final, reflejo de múltiples condicionantes nacionales, globales, locales, que confluyen en la forma de escalas con importancia relativa. Es decir, lejos de pensar en una escala como prioritaria frente a las demás, hay que reconocer que existe una confluencia entre todas éstas, que se traducen necesariamente en lo que la teoría de la regulación entiende como régimen de acumulación y modo de regulación (Jessop y Sum, 2006). En estos términos es que caracterizaremos el caso particular de Guanacaste.
Régimen de acumulación turístico en Guanacaste
Un régimen de acumulación es una categoría que permite entender las formas en las que la sociedad organiza los procesos de producción, distribución y consumo del producto social. Intrínseco a esta definición, un régimen de acumulación busca garantizar dicha organización durante un lapso determinado de tiempo y con el objetivo de garantizar algún grado de estabilidad (Jessop y Sum, 2006; Shaw y Williams, 2004). Sin embargo, como resulta evidente en el caso del sistema capitalista, garantizar la estabilidad de la acumulación de forma permanente es imposible, dado que el sistema se encuentra demarcado por contradicciones que hacen que tienda a crisis periódicas. El sistema capitalista funciona a partir de un conjunto de principios fundamentales que le obligan a: 1) mantener una tasa de crecimiento económico positivo. Es decir, el sistema debe generar márgenes positivos de ganancia de forma que la acumulación de capital pueda darse; 2) dicha generación de crecimiento sólo puede darse sobre la base de algún grado de explotación del trabajo humano y de los recursos naturales dentro del proceso productivo; 3) existe un régimen de competencia entre las compañías envueltas en el cual, el valor orientador es la maximización de ganancias. Esto se traduce en una mentalidad, que en la mayoría de los casos, resulta cortoplacista al respecto del comportamiento del mercado y de las existencias de recursos escasos. De esta forma, se construye una inclinación a que el sistema entre en crisis regulares de realización de capital o bien relacionadas con las carencias de los recursos naturales (ver Harvey, 1999; O’Connor, 1998).
Siguiendo estos conceptos, puede decirse que, en Costa Rica, el régimen de acumulación se caracteriza, como dice Hidalgo (2003)[3]: primero, por una producción levemente diversificada – pero al menos más que en períodos previos, en los sectores primario, secundario y terciario – siendo el más importante éste último. Dicha diversificación está mediada por una dualización de la economía en un sector tradicional que presenta un amplio grado de articulación con la economía y otro moderno, donde se encuentran las actividades más rentables, pero cuya articulación se da mayoritariamente con el sector externo.
Segundo, el financiamiento de la producción se da por medio del mercado y no del Estado. Así, en lugar de un Estado encargado de redistribuir rentas a favor de un sector de la economía, se ha dado cabida a una liberalización que faculta un financiamiento basado en la inversión extranjera y el ahorro externo. Esto se ve propulsado por los regímenes especiales para la producción que dan cabida a la dualización económica y que benefician una producción a modo de enclave (complejos hoteleros y zonas francas).
Tercero, el mercado laboral funciona con una tendencia hacia una transferencia de la mano de obra del sector primario al secundario, pero sobre todo al terciario. Así, mediando un proceso de destrucción del aparato industrial y el sector agropecuario impulsado por el ‘desarrollismo’, se ha dado una transferencia a los servicios. Esto es particularmente claro en el caso del turismo y los servicios domésticos en Guanacaste.
Finalmente, el consumo interno tiende a perder importancia frente al consumo externo dentro de la producción nacional. Como contraparte a la dualización económica, se forma un mercado externo que constituye el destino de una parte sustancial de la producción nacional. La exportación se convierte en el mecanismo considerado más eficiente para la generación de rentas y, consecuentemente, en vista de la eliminación sistemática de medidas arancelarias proteccionistas, el consumo interno se empieza a suplir vía importaciones.
Todo lo anterior permite reflejar un régimen de corte aperturista. Éste se caracteriza por trabajar bajo una la lógica productiva distinta a la que caracterizó al fordismo norteamericano[4], el cual, se basa en la constitución de círculos virtuosos en que la producción se orienta a un mercado masivo local. De esta forma, existen esfuerzos (muchas veces negociados entre Estado, empresarios y sindicatos), pero sobre todo reflejados en inversiones extensas del Estado de Bienestar, para garantizar una mayor redistribución de los salarios y, de esta forma, la existencia de un amplio nivel de consumo (Jessop y Sum, 2006). Por su parte, el régimen neofordista aperturista o exportista se caracteriza por la existencia de una producción masiva pero claramente vinculada con los circuitos de acumulación a escala global. De esta forma, la producción no atiende o se dirige al mercado local sino que al global en la forma de exportaciones, para su consumo, predominantemente por parte de sectores de clase media o alta de sectores urbanos desarrollados. En este marco, existe un rol importante en la reducción de costos productivos (que se equipara en una mayor explotación de la mano de obra y recursos) que hace factible la dispersión del proceso productivo geográficamente (Jessop y Sum, 2006; Gereffi y Wyman, 1990).
En Guanacaste, todo lo anterior se traduce en una transición desde una economía eminentemente agropecuaria para constituirse como una de servicios. En este proceso media el impacto de las medidas de ajuste estructural (‘Nueva Agricultura’)[5], que, en términos de una reducción gradual y sostenida de las defensas a la producción agropecuaria de consumo interno, especialmente aquellas que protegían la producción ganadera[6] y de granos básicos, ha tendido a consolidar un estado de crisis en ambos sectores. Prueba de esta situación es que, en el caso de la ganadería, la cobertura porcentual de pastos (terrenos ganaderos) se redujo de un 65,4% en 1973 a 45,8% en 1992, en Guanacaste, siendo, en la actualidad de 377.625 hectáreas de pasto, casi 100 mil menos que en 1992. Por su parte, la producción de arroz, frijol y maíz en la provincia de Guanacaste presentó reducciones de entre el 50% (arroz) y el 75% (demás productos) en las áreas sembradas. Esta situación ha sido atendida con débiles intentos para una reconversión productiva del sector pero con muy pocos éxitos.[7]
Otras actividades productivas sobrevivieron a la crisis y continúan desarrollándose. Se trata sobre todo de actividades agroexportadoras. Todas ellas se caracterizan por laborar sobre la base de una cadena de mercancías – que a escala nacional – asemeja una de compradores (ver Gereffi y Korceniewicz, 1994). En las que una o pocas grandes empresas operarias controlan las actividades de procesamiento final de los productos, y en ciertos casos, también de la producción inicial de los mismos. El caso más evidente es el del azúcar, en el que cuatro ingenios de Guanacaste y Puntarenas son los responsables del procesamiento del azúcar local. En términos porcentuales, estos cuatro ingenios producen el 75% del azúcar nacional.[8] Casos similares se presentan en el marco de la producción de melón, cuya producción a escala nacional es controlada casi directamente por Melones de Costa Rica (empresa subsidiaria de Del Monte) ubicada en Guanacaste; y en el de la naranja, cuyo procesamiento es controlado claramente para el caso costarricense por Del Oro y Ticofrut (unidas hoy por hoy en un mismo consorcio empresarial administrado por una empresa perteneciente a la Mancomunidad Británica) (ver Ramírez Cover, 2009; ver también Masís, 2000).
Esta situación permite asumir la existencia de un esquema poco favorable para la redistribución de beneficios resultantes de las actividades productivas locales. Brevemente puede decirse que la crisis económica en la ganadería y en los productos cultivados predominantemente por el campesinado, supuso una destrucción sistemática del empleo remunerado agrícola y también de los trabajadores de propia cuenta (típicamente campesinos). Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, cuando los trabajadores agrícolas de la provincia contabilizaban más del 20% de la población económicamente activa, hoy son poco menos del 10%.
En este marco, surge el turismo como la actividad económica de mayor empuje generando un flujo de turistas superior a las 600 mil personas en 2007 para Guanacaste, únicamente. La actividad turística es reconocida nacionalmente como una alternativa destinada a rescatar a Guanacaste de la seria situación económica y social en la que se encontraba tras el ajuste estructural. No obstante, la oferta turística tiende a tener un alto contenido de capitales transnacionales y a estar concentrada en pocos hoteles. Así las cosas, sólo en los cantones costeros de la provincia (donde se encuentran los principales destinos de sol y playa del país – aparte de los del Pacífico Central), sólo en 2007, 25 hoteles concentraban un 50% de las habitaciones disponibles. La totalidad de los hoteles de 4 o 5 estrellas (que como se dijo, son los que atraen más turistas) eran propiedad de empresas grandes o muy grandes y un 57% de las habitaciones en éstos estaban relacionados con empresas transnacionales (Ramírez Cover, 2009).
Socialmente, la presencia de grandes niveles de concentración en el proceso de acumulación viene acompañada de bajas tasas de redistribución. En gran medida, las principales actividades económicas de la provincia demandan mano de obra poco calificada. Esto se traduce en puestos no calificados y remuneraciones bajas para los trabajadores locales, para el caso de quiénes han logrado reposicionarse en el mercado de trabajo. En muchos casos, más bien, la generación de beneficios económicos ha sido tan baja que no ha logrado absorber a un gran grupo de personas que no pudo posicionarse nuevamente tras la crisis agropecuaria y el proceso de descampesinización resultante del ajuste. Así, a pesar del buen desempeño turístico de la provincia, todavía ostenta el título de ser la región en la que los niveles de subutilización de la mano de obra son más altos y donde el empleo pleno también es más bajo.
De hecho, según datos del INEC, en 2009, más de la mitad de los ocupados pobres de la provincia laboraban en el sector turístico. Igualmente, un informe elaborado para el Consejo Universitario en 2009, al respecto del conflicto acaecido entre desarrolladores y comunidades por la construcción de un acueducto en Sardinal que sería utilizado con fines predominantemente turísticos e inmobiliarios, señaló que un porcentaje significativamente menor que el de los desmovilizados laboralmente del sector agrícola, logró reinsertarse efectivamente en el sector turístico, hotelero o inmobiliario (CU, 2009: 109-111) Considerando los pobres resultados del turismo para convertirse en una oportunidad efectiva de mejoramiento para muchos de los pobladores, éstos deben probar suerte en otras zonas del país. El Censo de Población del 2000, señala a Guanacaste como la provincia donde se registró el nivel más alto de expulsión de pobladores a escala nacional.
Aunque hay muchas razones, ciertamente debe reconocerse que el turismo no ha logrado impedir esta tendencia, en tanto ofrece al poblador una actividad levemente más lucrativa y que requiere menos esfuerzo que otras como la agricultura (Furst y Hein, 2002). Pero, en cualquier caso, el perfil del empleado turístico en Guanacaste consiste en individuos que ejercen puestos bajos dentro de la jerarquía local, realizando labores de limpieza, seguridad, asistencia en restaurantes o como conductor. El peso de empleos en que se requieren mayores niveles de educación son muy pocos pero existen.
La vinculación económica de la actividad tampoco ha supuesto transformaciones importantes. Furst y Hein (2002) en su estudio de las dinámica de trabajo y de los encadenamientos de hoteles de playa en la zona de Flamingo y Conchal, descubrieron que gran parte de los enseres que los hoteles requerían, provenían predominantemente de proveedores ubicados en el Valle Central o importados del exterior. Si puede reconocerse que existen algunas cadenas que vinculan parte de la producción agrícola local con la hotelería pero no se encuentran muy desarrolladas o deben estudiarse mejor. Debe recordarse que alrededor de un 72% de los hoteles de Guanacaste Norte obtiene sus alimentos en la región, aunque gran parte de las compras las hacen a proveedores al por mayor que, hoy, se encuentran bajo control total o parcial de cadenas dirigidas por grupos de poder económico nacional o transnacional. Incluso cadenas locales como Supercompro o La Economía pertenecen hoy a estos consorcios. Aparte de eso, debe recordarse que lo que la región más produce son bienes agroindustriales que inevitablemente venden sus productos a los hoteles por medio de intermediarios que reducen la ganancia de los sectores más bajos de la cadena. Existen cadenas de vínculos que incluyen las artesanías, aunque en este punto la cadena también resulta ser asimétrica.
Finalmente, una última vinculación consiste en la tierra. Al margen del crecimiento turístico, usualmente existe una elevación de la importancia del mercado inmobiliario. La belleza natural de las costas y el acceso a los servicios, acompañado de prácticas de bienes raíces flexibles, permite que se desarrolle una gran especulación sobre los terrenos. Más y más extranjeros deciden invertir en terrenos y condóminos del país y esto tiene un efecto social. Furst y Hein (2002) señalaron, hace ocho años, que la tendencia de la propiedad en la zona marítimo-terrestre expresaba una orientación hacia la extranjerización de la propiedad, en las playas costarricenses. Esta situación es confirmada por la encuesta que hacen anualmente los autores de ‘The New Guide of Costa Rica’ que han confirmado que una proporción considerable de los hoteles, especialmente de playa, son propiedad de extranjeros. Esto supone una gradual expulsión de los pobladores originarios en la zona, esta lejanía hace que tengan menos capacidad de involucrarse de forma más equitativa al mercado turístico, pero así también, se les aleja de otras actividades tradicionales de la costa como la pesca artesanal.
Ahora bien, aunque se ha hecho énfasis en situaciones no muy favorables del turismo para la región, no debe descartarse que se trata de una actividad que tiene un potencial importante, que ha sido demostrado en otras zonas del país. En Guanacaste incluso existen comunidades que han logrado beneficiarse notablemente como pareciera ser el caso de la comunidad de Punta Islita, aunque debe estudiarse más a fondo. Lamentablemente estas historias de éxito son pocas y aisladas. Esto nos obliga a pensar en las razones que caracterizan el modo de regulación en turismo, en tanto pareciera hacer tender al modelo en Guanacaste en una dirección claramente más desigual y exclusiva de lo que pareciera promoverse en otras zonas del país, aparentemente más inclusivas.
El modo de regulación turístico en Guanacaste
Un modo de regulación consiste en una serie de formas institucionales privadas y públicas, prácticas sociales, hábitos y normas que inducen a los individuos a actuar bajo el interés de alcanzar un grado global de estabilidad económica, facilitando así la acumulación ampliada de capital (Jessop y Sum, 2006). Este concepto nace de la noción de que la estabilidad del régimen de acumulación es a lo sumo improbable a lo largo del tiempo, y propenso a entrar en crisis. Su estabilidad en la realidad se puede explicar únicamente como el resultado de las restricciones sociales dadas por un conjunto de instituciones, en el sentido amplio.[9]
Típicamente, al referirse al modo de regulación, los teóricos regulacionistas[10]hacen énfasis en cuatro aspectos centrales: 1) la naturaleza de la relación salarial (capital-trabajo), en tanto la factibilidad o no de que en la sociedad existan: perfiles laborales solicitados por el empresariado, mecanismos de negociación salarial o de organización del mercado laboral; 2) el sistema monetario, en tanto cualidades del sistema bancario y de crédito; 3) modos de competición capitalista, en tanto características de la competencia entre empresas; y 4) el carácter y rol del Estado en la economía (ver Jessop y Sum, 2006) No obstante otros factores también pueden ser estudiados (ver Brenner y Glick, 1991).
Para efectos de este documento, nos concentraremos en el rol del Estado, al cual se entiende como “el complejo completo de actividades prácticas y teóricas con las cuales la clase dominante no sólo se justifica y mantiene su dominación, sino que logra obtener el consentimiento activo de quienes domina” (Gramsci, 1971: 244). En este sentido, nuestro enfoque excede el comprender al Estado como un agregado de instituciones de gobierno (Estado en sentido exclusivo) como la única esfera social integrada en la construcción de hegemonía, para incluir otro en el que las anteriores se mezclan con un conjunto de aparatos, instituciones y organizaciones sociales. Esto nos obliga a reconocer la importancia que tiene el concepto de gobernanza en la construcción contemporánea del Estado y de la hegemonía dentro de la sociedad.
El punto de partida de esta sección es que, en Costa Rica, el modo de regulación después del ajuste estructural se caracteriza por una intervención moderada del Estado en la economía. Lejos de apartarse completamente de su intervención en ésta, el Estado más bien se ha convertido en un medio para implantar y ejecutar la nueva agenda hegemónica capitalista. Dentro de ésta, este actor está obligado a desempeñar un rol importante de fomento y ampliación de los espacios de acumulación a favor de la empresa privada. Puesto de otra forma, el Estado costarricense promueve activamente un ‘clima de negocios’ favorable, garantizando, prioritariamente, la competitividad del sector moderno de la economía, llegando incluso a hacerlo a expensas de su situación fiscal (Robinson, 2003; Hidalgo, 2003).
La agenda del turismo en Costa Rica desde la década de 1970 hasta la actualidad
En el marco del turismo, sucede algo que pareciera curioso. A diferencia de la percepción general de que la agenda de promoción turística del Estado era distinta o inexistente previo a 1980, es posible detectar muchas similitudes. Éstas son tantas que obligan a considerar a la política de promoción turística como una que en realidad no ha sufrido grandes cambios de un período a otro. Esta inesperada situación se comprueba haciendo una comparación de las principales acciones estratégicas y planes ejecutados por el Estado en la materia durante el período de 1970-1980 y de aquellas ejecutadas después de la década de 1980. Los principales documentos que sirven de referencia aquí son las Estrategias Nacionales de Turismo, que constituyen el instrumento plurianual de planeamiento y coordinación de las medidas a tomar en la materia.
La Estrategia Nacional de Turismo para el período de 1970-1975 fue el resultado de un esfuerzo conjunto entre el ICT, el Departamento de Promoción Turística de la Organización de Estados Americanos y el Banco Centroamericano de Integración Económica para dinamizar a este sector económico. De hecho, una gran cantidad de los objetivos y medidas allí planteadas reiteran los hallazgos y recomendaciones de un estudio realizado por la OEA que definió las potencialidades de Costa Rica como destino turístico internacional. Su objetivo central consiste claramente en la construcción y posicionamiento de un producto turístico diseñado para atraer turismo de larga distancia, preferiblemente norteamericano y/o europeo. Así, no llega a diferenciarse de las Estrategias más recientes donde el fin es claramente el mismo; ahora más bien orientándose a un apuntalamiento de ambos mercados. Lo que cambia con la Estrategia de 1970 con relación a décadas posteriores son los medios, no los fines.
Para empezar, la Estrategia de 1970 contempla una transformación en las prioridades de las tareas que realiza el Instituto Costarricense de Turismo. Hasta el momento, aunque existía un interés de atraer a turistas extranjeros, el ICT también ejecutaba importantes tareas para fomentar un mercado turístico local. El replanteamiento claramente supuso el abandono de las tareas de fomento de este mercado. Así, el documento es explícito al plantear un sistemático abandono de las cargas presupuestarias destinadas a productos para este sector. Este es el caso del financiamiento y mantenimiento de espacios públicos para el esparcimiento y recreación de nacionales (en Puntarenas, Playas de Doña Ana, Charrarra, etc.) El documento sugiere que el ICT delegue estas funciones a otros organismos gubernamentales como el Ministerio de Cultura o las mismas municipalidades. En su lugar se propone un mayor esfuerzo para desarrollar los programas de promoción y mercadeo en el extranjero, que en este documento se vuelven prioritarios (ICT, 1970).
Concomitante a este renovado interés en el mercadeo del país como destino internacional, el ICT comienza a planificar las características centrales del producto turístico esperado. En este documento se definen dos. El primer producto consiste en un tipo de turismo itinerante en el que Costa Rica se contempla como una parte de un circuito de travesía mayor que integra a los demás países de Centroamérica. El objetivo central de este producto es el de combinar los atractivos culturales de los demás países con el atractivo natural que posee Costa Rica. A continuación, la estrategia señala:
“Conviene decir que los recursos de atractivo turístico de mayor jerarquía (de Costa Rica) pertenecen a la categoría de sitios naturales, en particular, playas, montañas, volcanes y flora. Las otras categorías están pobremente representadas. (…). Costa Rica ocupa un lugar de privilegio en América, poseyendo un valioso atractivo turístico: la labor casi heroica de la Oficina de Parques Nacionales (Servicio de Parques Nacionales, y hoy Sistema Nacional de Áreas de Conservación) es insuficientemente reconocida pero ha alcanzado repercusión internacional. Existen hoy seis parques nacionales en Costa Rica regidos por la Ley Forestal: Parque Santa Rosa, Parque Cahuíta, Parque Volcán Poás, Parque Manuel Antonio, Parque Tortuguero y Parque Cabo Blanco. Además, existen proyectos de otros parques como Corcovado en la Península de Osa, Rincón de la Vieja y Chirripó” (ICT, 1970: 56).
Este extracto y la reiteración de otros similares a lo largo del texto permiten reconocer la existencia de un claro nivel de conciencia, durante la década de 1970, del beneficio económico que podía obtenerse del ecoturismo; y de la importancia de la agenda de conservación ambiental como inversión en condiciones económicas. Con esto se rompe también con cualquier noción actual que vincula la agenda de conservación únicamente a esfuerzos nobles y desinteresados de la clase política local.
De hecho, es muy evidente que en Costa Rica, la agenda de conservación y la agenda turística siempre han estado muy cerca una de la otra – en ocasiones llegando a traslaparse sin diferenciarse. Para empezar, la primera oficina pública encargada de la administración de los parques nacionales del país fue el mismo ICT. Según su Ley Orgánica (1955), el ICT recibió la potestad de constituir parques nacionales con el objetivo de satisfacer la demanda de turistas nacionales y extranjeros. De hecho, los Parques Nacionales de Volcán Poás, Volcán Barva, Volcán Irazú y Volcán Turrialba fueron creados por el ICT tras la promulgación de esta ley. Este también es el caso del Parque Nacional Santa Rosa que fue creado por el ICT para explotar su atractivo turístico y cultural. El ICT operó el sistema de parques nacionales hasta 1969 cuando esa función pasó a manos de un Servicio especializado dentro del Ministerio de Agricultura.
Segundo, incluso con la pérdida de sus funciones como administrador de los Parques Nacionales, el ICT continuó haciendo importantes inversiones en éstos. De hecho, a lo largo de la década de 1970, el ICT adquirió múltiples préstamos de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el BCIE para financiar infraestructura de orden turístico en estas áreas protegidas.[11]
En tercer lugar, debe recalcarse el peso político que tuvo la agenda de promoción turística del país para legitimar la de conservación. A modo de ejemplo, en el marco de la aprobación de la Ley Forestal de 1969, que como se dijo, transfirió las potestades de administración de los parques nacionales al Servicio de Parques Nacionales, Mario Boza – Ministro de Ambiente durante la Administración Figueres Olsen (1994-1998) – escribió en, una columna para el diario La República que:
“Aunque desde un punto de vista comercial, los parques (nacionales) parecen ser una inversión innecesaria, podrían convertirse en una de las fuentes más importantes de ganancias para la nación. África Oriental, teniendo una mayor visión que nosotros en este campo, aumentó su ingreso anual proveniente del turismo en un quince por ciento. ¿Qué no podríamos hacer, estando tan cerca de importantes fuentes de turistas en el mundo?” (tomado de Evans, 1999: 216).[12]
Otro ejemplo de esta vinculación consistió en la labor realizada por el ICT para publicitar las riquezas naturales del país a finales de 1970. A instancias de los esfuerzos realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo y el BCIE en publicitar el destino costarricense, y por medio de una oficina instalada en Miami, el ICT organizó viajes en crucero orientados a atraer a investigadores norteamericanos para que estudiaran la flora y la fauna del país. Esto con el objetivo de publicitar la imagen del país como destino verde (Raymond, 2004: 63). De hecho es sorprendente reconocer el grado de complementariedad (pero también de conflicto) que ha existido históricamente entre la agenda de conservación ambiental y la de promoción turística. Ciertos estudios han hecho énfasis en la cercanía existente entre estos discursos, al punto de supeditar el primero al segundo durante ciertos períodos históricos (ver Evans, 1999; Isla, 2000 y 2001; más adelante se retomará este punto).
Un segundo tipo de producto turístico propuesto por la Estrategia se basa en un turismo masivo sedentario de playa. Dentro de la Estrategia de 1970 este tipo particular de producto turístico obtiene un grado mayor de importancia en comparación con el otro. Prueba de esto es que la Estrategia enfatiza primordialmente en tres proyectos particulares destinados a potenciar este producto: 1) el Proyecto Turístico de Bahía Culebra, hoy conocido como Polo Turístico del Golfo de Papagayo (PTGP), que brevemente se trata de un proyecto destinado para la atracción de gran capital extranjero en este sector 2) la Ley de la Zona Marítima-Terrestre, con la que se buscó regular y planificar la urbanización de las zonas costeras del país; y 3) la elaboración de una nueva Ley de Incentivos al Turismo (se discutirán estos temas más adelante).
Finalmente, paralelo a ambos productos, la Estrategia es muy clara en torno a un último punto: para promocionar el desarrollo turístico del país, el ICT debería concentrarse en fomentar la llegada de altos niveles de capital extranjero, mediante el establecimiento de garantías en infraestructura y otras condiciones de mercado. La Estrategia discute sobre dos ejemplos puntuales: Santa Elena Development Corporation y el proyecto Flamingo Beach.
El primero hace referencia a una inversión conjunta de costarricenses, norteamericanos e ingleses, de 37.000 hectáreas de terreno en la parte sur de la Península de Santa Elena. Su objetivo era establecer un hotel de 300 habitaciones con un campo de golf y una carretera para unirlo con el aeropuerto Daniel Oduber (cuya construcción se programaba en ese período). Este proyecto se acompañaría de una urbanización con 10 mil lotes y 1.400 casas residenciales. Dada la ubicación inicial del proyecto es factible pensar que este no se concretaría dada la ampliación del Parque Nacional Santa Rosa durante la década de 1980.
El segundo proyecto era financiado por un norteamericano y pretendía el establecimiento de un hotel con una urbanización para residentes de alto ingreso y el acceso mediante una pista de aterrizaje propia. Ante ambos casos, la Estrategia es explícita al señalar que el ICT debería proveer a estas experiencias un conjunto de factores: primero, la existencia de infraestructura que permitiera un acceso irrestricto a la zona donde se ubicaban los productos turísticos; y segundo, el requerimiento de beneficios fiscales para fomentar estos proyectos. Se avanzó notablemente en ambos requerimientos del sector privado durante las décadas siguientes.
Ahora bien, si se compara la Estrategia Nacional de Turismo de 1970 con la que se ha propuesto para el período 2002-2012 (con su respectiva modificación en 2008), en realidad no se encuentran muchas diferencias importantes. Primero que nada, este documento considera con mucha claridad que el indicador más importante del desempeño turístico del país es, sin dudas, el crecimiento económico total de la actividad. Las variables de llegadas totales de turistas e inversiones nacionales y extranjeras son esenciales para analizar al sector y son los indicadores prioritarios para definir el éxito o no de las políticas (ICT, 2002: 16).
En este marco, la nueva Estrategia hace énfasis en el reconocimiento de que, a diferencia de la década de 1970, el país labora en un mercado internacional que ha cambiado. Hoy por hoy, Costa Rica compite con otros destinos de playa como México, República Dominicana, Cuba, Cancún o Hawaii; así como con otros productos de naturaleza como los otros países de Centroamérica, África y Sudamérica. Muchos de estos destinos ahora utilizan una estrategia similar a la que adaptó y consolidó Costa Rica en la década de 1970 y que perfeccionó en los noventa bajo su marca país “sin ingredientes artificiales”. Ahora bien, la problemática no es necesariamente que los destinos se parezcan entre sí, sino que todos éstos poseen una ventaja que podría hacerlos más atractivos que Costa Rica: son más baratos (ICT, 2002: 17).
Ante esta situación, la nueva estrategia plantea tres posibles escenarios de acción. Primero, mantener la tendencia actual, dentro de la cual el turismo podría crecer de forma generalizada y a escala nacional, generando una diversidad del producto. Supone dar continuidad a lo que se entiende como un modelo no planeado de desarrollo en el que la imagen de destino permanecería sin cambios importantes. Un segundo escenario es la promoción de centros de turismo sostenible. Aquí la estrategia orienta a una definición de un conjunto extenso de centros particulares de fomento del turismo, con el fin de concentrar mejor los recursos para la construcción de infraestructura, capacitación y promoción de la calidad. Finalmente, un tercer escenario es la promoción del turismo en polos de desarrollo. Este modelo consiste en la concentración de la inversión pública y privada en pocos centros de desarrollo turístico de muy alta demanda, básicamente, la promoción de enclaves turísticos masivos (ICT, 2002: 42-44).
De los tres escenarios, la Estrategia selecciona el segundo. Con este fin plantea un conjunto de labores agrupadas en un conjunto de cuatro temáticas estratégicas importantes: 1) ordenamiento del espacio turístico, 2) consolidación de producto-destino, 3) diversificación de producto-destino; y 4) promoción y mercadeo del producto-destino (ICT, 2002: cap.4).
Una revisión de las anteriores medidas estratégicas permite reconocer algunas similitudes con la Estrategia de 1970 y sus continuaciones en 1980 y 1990, pero también algunas diferencias. Las similitudes incluyen el mantenimiento de un programa de atracción de inversiones turísticas claramente basado en la expansión de la oferta turística total, el establecimiento de niveles requeridos de inversión en infraestructura hotelera y la obligación de suplir dicho crecimiento por medio de la atracción de inversión extranjera y nacional (p. 75). También se da continuidad al esfuerzo de mercadeo y promoción internacional del país. En este marco, existe un claro reconocimiento que la posición del país como destino natural está claramente apuntalada. Existe un diagnóstico en este punto que permite reconocer la tendencia del producto turístico costarricense:
“El turismo organizado no especializado, es el que posiblemente genere importantes contingentes de viajeros a Costa Rica en el futuro. Para acceder con éxito a este segmento, los productos de vacaciones sol y playa y giras convencionales (que son parte de su interés) deben responder a la imagen de destino ‘sostenible en cada Unidad de Planeamiento’ con gran diversidad natural, que los diferencie ventajosamente de los productos que estarán ofertando los destinos competidores de cara al 2010” (ICT, 2002: 77).
Puede extraerse de esta sección que el país mantendrá una estrategia turística con un claro enfoque hacia un producto neofordista de ecoturismo de masas, como se planteó arriba (ver Weaver, 2001). Sin embargo, se vuelve trascendental que éste tipo de producto eleve su nivel de calidad. El turismo que se ha desarrollado en Costa Rica, ha sido por lo general desordenado y ha dado cabida a condiciones que impiden alcanzar un grado más alto de competencia que lo eleve frente a otros destinos (ICT, 2002: 68). Aunque más estudios deben hacerse, uno podría adelantar la hipótesis de que este diagnóstico tiende a desfavorecer a los hoteles más pequeños, que son los que incurren en mayores dificultades para garantizar un mejor producto (Shaw y Williams, 2004). De esta forma, se señala que es imperativo continuar con la promoción internacional de Costa Rica como destino de sol y playa, con un alto componente natural, pero capaz de proveer un sentido de confort. Puesto en otros términos un modelo de ecoturismo masivo. A continuación se verá como se refleja este modelo hegemónico de turismo desde la agenda turística y la de conservación.
Las políticas públicas del modelo turístico costarricense: la agenda desigual del turismo
En su libro “Ecotourism and sustainable development”, Martha Honey (1999) hace referencia a una tendencia contradictoria del desarrollo turístico en Costa Rica. La autora señala que una parte sustancial del sector turístico costarricense – principalmente constituido por pequeñas y medianas empresas – ha constituido la imagen del país como un destino natural. Sin embargo, anota que al tiempo que sucede esto la política pública está más preocupada con el desarrollo de megaproyectos turísticos y en el ofrecimiento de condiciones que favorecen a las grandes empresas hoteleras, nacionales y transnacionales. Finalmente arriba a la conclusión de que existe una contradicción discursiva entre Costa Rica, como afiche tradicional y públicamente reconocido del turismo sostenible a escala global y las tendencias políticas internas y externas que amenazan esa condición. Múltiples autores comparten la posición de Honey, al señalar la presencia de intereses políticos que tergiversan el establecimiento de un verdadero destino verde en Costa Rica.
Desde mi perspectiva, los hallazgos de Honey (1999) son bastante encomiables y han sido de enorme utilidad para este artículo, pero sus conclusiones no son correctas. No se trata de que haya intereses del gran empresariado nacional y transnacional que reflejados en la política pública, constituyan la contradicción al respecto de la construcción del producto turístico sostenible en Costa Rica; más bien el asunto es que el tema de la sostenibilidad ambiental es secundaria al proyecto turístico – sólo es importante en tanto sirva al turismo y a otras formas de acumulación.
Si se observa la Estrategia de 1970, vista en relación con las que se fueron constituyendo en los ochenta, noventas y actualmente, es factible reconocer que siempre ha habido un interés desde el sector público orientado hacia un ecoturismo masivo. Prueba de esto es que todas las políticas que devienen a la formación de este tipo de producto fueron constituidas no en coyunturas recientes, sino que desde la misma década de 1970.
Incentivos fiscales y no fiscales
Los incentivos fiscales al desarrollo turístico en Costa Rica no son cosa nueva. Desde 1960, el Estado estableció un conjunto de beneficios de este tipo para fomentar el establecimiento de hoteles y otros negocios turísticos, claro está, con muy poco éxito. Durante la década de 1970, el fracaso de esta propuesta era más que evidente, por lo que se volvió imperativo la adopción de una reforma o un replanteamiento general de dichos beneficios. Ciertamente, este proyecto no pudo concretarse en ese momento. La propuesta en cuestión fue revivida en el marco del ajuste estructural (1985) como parte de los mecanismos sugeridos desde los organismos financieros internacionales para fomentar la generación de rentas en el país (Robinson, 2003).
La Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico establece un conjunto amplio de exoneraciones fiscales para empresas vinculadas al sector sobre: 1) la importación y compra local de artículos para el funcionamiento de las instalaciones, 2) la construcción, ampliación, remodelación o reconstrucción de instalaciones, 3) la importación de vehículos, 4) de los impuestos sobre la renta de las empresas; 5) concesión de patentes municipales; y 6) impuestos territoriales. En términos fácticos, permite que las empresas que hacen uso de este beneficio se constituyan como literales zonas francas.
Aunque tales medidas se puede aceptar, han sido bastante exitosas a lo largo de la historia de aplicación (desde la década de 1980 a la actualidad), lo cierto es que los beneficios han sido percibidos por pocos sectores. Así, de los 2.593 hoteles registrados en 2007, únicamente 422 (16%) contaban con declaratoria turística, lo que es decir, que eran beneficiarios de esta ley. Mientras las medidas beneficiaban a un 49% de los hoteles grandes y muy grandes del país, sólo cubría a un 18% de los medianos y a 5% de los micro y pequeños hoteles del país. Del total, un 95% de los hoteles con declaratoria turística eran operaciones calificadas con cuatro o cinco estrellas. Lo que significa que existía una clara relación directa entre la posibilidad de acceder a estos beneficios y la magnitud de la inversión realizada. Ahora bien, si se considera que, de éstos últimos, un 85% son hoteles grandes o muy grandes es factible decir que la lógica del incentivo se resume en beneficiar a aquellas operaciones que inviertan un alto grado de capital. Puesto de otra forma, es un beneficio directo que es más fácilmente apropiable por los grandes capitales. Honey (1999 y 2009) y otros (Yong et al., 2009; Blanco, 1997; Alfaro, 1997) están de acuerdo al respecto de esta conclusión y reconocen claramente que esta situación se debe a la imposición de altos estándares de calidad como requisito para acceder a estos incentivos fiscales. Por eso la participación mayor de operarios turísticos pequeños o muy pequeños queda fuera de la cuestión.
Aunado a estos beneficios tributarios, otros similares se han establecido en las zonas turísticas – siendo incluso más efectivos que aquellos orientados al fomento del turismo mismo. Hablo de los incentivos tributarios que existen para fomentar actividades en el sector inmobiliario. Durante el período 2002-2007, Costa Rica recibió un flujo de inversión extranjera inmobiliaria de grandes proporciones. En términos agregados y sin contar la inversión que pudo haber abandonado el país como resultado del comportamiento del mercado inmobiliario norteamericano durante la crisis económica de 2009-2010, un monto aproximado de 8.500 millones de dólares ingreso al país entre 2000 y 2008; esto es, un momento similar a las exportaciones del país en 2009.[13] Esto se vio traducido en un boom de la construcción y la compra de lotes residenciales a lo largo del país, pero especialmente en las zonas costeras del país. Más recientemente, como resultado de la llegada de tan altas cantidades de dinero, varios hoteles de capital transnacional han construido extensos proyectos inmobiliarios dentro del espacio destinado para sus resorts turísticos.
Desde la década de 1970 ha habido incentivos para estas prácticas y como se vio más arriba, incluso este tipo de desarrollos turísticos constituían el patrón deseable en ese momento. Uno de estos incentivos es la Ley del Rentista (4812), que crea la figura legal del rentista extranjero, el cual, con un ingreso superior a los 600 dólares puede residir en el país por extensos períodos de tiempo sin solicitar visas o residencias; incluso ser propietario de negocios en la zona. Esta población sin embargo, no refleja el crecimiento de la oferta inmobiliaria local (Barrantes Reynolds, 2010: 39-40).
Más allá de este beneficio particular, hay que recordar que otros fueron establecidos para permitir el flujo de dinero y personas hacia el sector. Un tema importante, fue por supuesto, la apertura del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber en Liberia, de lo que hablaremos más adelante); pero, otro tema más importante, fueron los bajos impuestos y tasas de interés que enfrenta el sector inmobiliario en el país. A modo de ejemplo, los impuestos sobre la propiedad en Costa Rica se mantuvieron en un promedio de 0,25% a lo largo de la presente década creando un panorama muy atractivo para la inversión (Barrantes Reynolds, 2010: 42). Otras condiciones de este desarrollo ha sido las facilidades que reciben los inversionistas inmobiliarios vis a vis los turísticos. Mientras que al empresario turístico se le obliga a cumplir con un conjunto extenso de obligaciones arquitectónicas y permisos regulatorios y sanitarios, con el inmobiliario se es laxo (Barrantes Reynolds, 2010: 43-44). Por otro lado, los controles sobre la propiedad en el país son débiles: malos mecanismos de cobro de impuestos, registros y catastros anticuados; y mala información pública resultan en permisos de construcción, control de las construcciones y cobros de impuestos ineficientes (Román, 2008b: 3-4). A modo de ejemplo:
“En Liberia, las cuadras centrales de la ciudad tienen valores fiscales entre 25.000 y 50.000 colones; por contraste, en el resto del cantón, los valores son menores a 5.000 colones por metro cuadrado. Estas cifras son muy bajas, según la opinión de personas entrevistas en la municipalidad, que mencionaron que en la cuadrícula central del distrito los precios rondan en $300 el m2 y, en la zona del Aeropuerto Daniel Oduber, en $500 por m2.” (Román, 2008b: 10).
Un tema aparte es el grado de apoyo y vinculación que ha existido entre el sector financiero y el sector inmobiliario durante los últimos diez años. La banca pública, pero más claramente, la privada se han insertado agresivamente en la promoción del mercado inmobiliario costarricense a través de amplios créditos bancarios. Según se puede ver en el cuadro siguiente, desde finales de la década de 1990, ha habido un claro aumento del peso relativo de las actividades relacionadas con el sector de vivienda dentro de la distribución del crédito bancario hacia el sector privado. Según Román (2006a: 31), este crecimiento se ha caracterizado por una dolarización creciente. Así, el crédito bancario en colones aumentó de 20,4% en 2000 a 27% en 2006 y de 11,4% a 28,9% en dólares en ese mismo período. Esto refleja una clara penetración de inversión extranjera dentro de este sector particular de la economía.
Cuadro 2. Estructura del crédito bancario al sector privado por actividad económica. 2000-2010 (en porcentajes)
Actividad económica | Julio 1998 | Julio 2000 | Julio 2002 | Julio 2004 | Julio 2006 | Julio 2008 | Julio 2010 |
Agricultura | 7,3 | 6,5 | 4,4 | 2,8 | 2,9 | 2,3 | 2,6 |
Ganadería | 2,2 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
Pesca | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Industria | 11,4 | 12,7 | 9,4 | 7,4 | 6,2 | 4,8 | 4,8 |
Vivienda | 20,1 | 20,5 | 26,0 | 28,6 | 29,2 | 29,2 | 31,2 |
Construcción | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 4,3 | 3,1 |
Turismo | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 2,6 | 3,2 | 3,0 |
Comercio | 13,3 | 14,3 | 15,0 | 13,8 | 13,9 | 14,0 | 12,9 |
Servicios | 10,6 | 8,8 | 8,3 | 8,6 | 8,2 | 9,4 | 10,6 |
Consumo | 29,4 | 29,2 | 29,0 | 30,0 | 28,8 | 29,0 | 28,2 |
Otros | 2,0 | 3,2 | 2,4 | 3,2 | 3,8 | 2,3 | 2,4 |
FUENTE: Construcción propia a base de datos del Banco Central de Costa Rica.
En el marco del sector vivienda, deben reconocerse otros mecanismos de regulación importantes. Tal vez el más importante se relaciona con la flexibilización y especialización de los mecanismos de inversión. En 2006, el Banco Nacional de Costa Rica estableció un programa de crédito para inversionistas inmobiliarios extranjeros denominado “Vivienda Inmobiliaria Turística”. El programa funciona mediante un fideicomiso que sirve de intermediario entre el banco (prestamista) y el inversionista extranjero (prestatario). El fideicomisario realiza los estudios sobre el prestatario utilizando una plataforma de información con base en Estados Unidos, garantizando un alto nivel de flexibilidad en el otorgamiento de los préstamos (Román, 2006a). Esto simplifica el proceso por medio del cual el prestamista adquiere crédito, pero aumenta el nivel de riesgo en el que incurre el prestatario; sin mencionar que la estructura brevemente entendida asemeja aquella causante de la crisis subprime de 2009-2010 en Estados Unidos (más estudios se requieren en torno a este tema).
Un segundo mecanismo es el establecimiento de los fondos de inversión inmobiliaria. Éstos son mecanismos por medio de los cuales un grupo de inversionistas reúne capitales alrededor de una sociedad administradora con el fin de invertir en la construcción y/o alquiler de una edificación pública o privada. En 2005, un reglamento emitido por la Superintendencia General de Entidades Financieras, faculta a estos fondos a participar en todos los sectores inmobiliarios de los cuales puedan extraer una ganancia (sector turístico, inmobiliario, obra o infraestructura pública y vivienda de interés social) (Román, 2006a: 39). La legislación incluso permite a estos fondos contar con derechos para acceder a la zona marítimo-terrestre. Este tipo de mecanismos está diseñado para flexibilizar el proceso de adquisición de recursos por parte de desarrolladores, estableciendo mecanismos para orientar el dinero invertido hacia proyectos que requieren los recursos (Bolaños y Murillo, 2006; más estudios se requieren en este tema también). De acuerdo a la Superintendencia General de Valores, estos fondos manejaban en 2005, cifras por 202 mil millones de colones y equivalían a un 30% del total de fondos de inversión en el país (Román, 2006a: 40).
Aunado a la existencia de nuevos proyectos inmobiliarios y hoteleros, otros incentivos turísticos son los bajos niveles de compromiso ambiental que el país exige al inversionista, convirtiéndose en una de las más claras contradicciones del discurso de turismo sostenible que promueve el país. El caso de la distribución de recursos hídricos es uno de los temas más claros en la actualidad. Las zonas costeras de Guanacaste, como resultado de la inversión turística e inmobiliaria han cambiado de apariencia. La existencia de leves requisitos para la construcción de edificaciones y la ausencia de controles a la demanda de agua en la zona resultan en una amenaza latente sobre la distribución futura del recurso. Estudios realizados previamente señalan que la zona costera de Guanacaste enfrenta altos niveles de demanda vis a vis baja oferta de los acuíferos cercanos, en situaciones que empiezan a causar problemas ambientales permanentes (ver Ramírez Cover, 2006 y 2009; SENARA, 2003).
Un tema serio y de alto interés público tiene que ver con las características mismas del producto turístico. Dado que el tipo de turismo que se desea atraer se caracteriza por una exigencia mayor de instalaciones de lujo, recientemente las empresas han cubierto esos requisitos con la construcción de canchas de golf y marinas. En la actualidad, existen más 10 campos de golf propiamente establecidos y más de 10 marinas operando o en construcción en el país. Se estima que en los próximos diez años otros 10 campos estarían operando en el país (El Financiero, 03/12/2006 y 04/02/2008).
Un campo de golf asume una demanda hídrica extraordinaria. A modo de ejemplo, el gasto de agua para mantener el campo de golf ubicado en el Hotel Four Seasons ronda los 3 millones de litros diarios en verano y la mitad en invierno (Román, 2006a; 2007). Similarmente, en el caso de las marinas, existen altísimos niveles de impacto ambiental que se relacionan con éstas. En Costa Rica, todas éstas operan o han recibido permisos por parte del ICT, para operar en zonas donde existen altos niveles de fragilidad ambiental.
Polo Turístico del Golfo de Papagayo e infraestructura turística
La construcción y establecimiento de infraestructura pública necesaria para fomentar el desarrollo turístico es una forma en que el Estado se ha convertido en un contraparte de la inversión privada. Un ejemplo de esto ha sido el Polo Turístico del Golfo de Papagayo (PTP). El PTP es, en la actualidad, una de las inversiones más grandes de infraestructura realizada por el ICT.
Brevemente, se trata de un proyecto inmobiliario y turístico de más 1.000 hectáreas de tamaño ubicado sobre la península de Nacascolo de Guanacaste. El proyecto se extiende hacia el norte y el este de esta zona cubriendo un total de 17 playas de alto potencial turístico. El objetivo del proyecto es alojar la construcción de casas vacacionales, condominios, centros de compras, hoteles, restaurantes, varios campos de golf, un campo de polo y varias marinas. Con todas sus fases completas, el proyecto sustentaría una oferta turística para alojar a un total de 25 mil a 30 mil habitaciones turísticas establecidas en el marco de hoteles todo incluido. El proyecto fue concebido en la década de 1970 mediando la intervención del BCIE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), convirtiéndose en el objetivo central de la estrategia turística nacional de ese período.
Aunque el Estado costarricense es el propietario de los terrenos, el proyecto funciona mediante la concesión de éstos por períodos extensos de tiempo. Los concesionarios dentro del proyecto reciben exenciones tributarias atractivas (que exceden la Ley 6990 de Incentivos Turísticos), así como otras no tributarias, como es el caso de la exención en la aplicación de la Ley de la Zona Marítimo-Terrestre. Desde 1970 hasta la actualidad, la inversión pública en el proyecto ha rondado los 3.000 millones de dólares, principalmente en la construcción de caminos y otra infraestructura necesaria (Honey, 1999: 135).
Hacia la década de 1990, diversos problemas administrativos habían atrasado su apertura oficial. La crisis de 1980 había generado una reducción sustancial del dinero disponible por el gobierno para iniciar el proceso de expropiación de terrenos y de expansión de la infraestructura vial e hídrica en la zona. Durante los ochenta, las restricciones al gasto público impidieron la construcción de estas obras también. Además, los primeros años de la década de 1980 observaron una reducción del turismo recibido por Centroamérica – y por extensión de Costa Rica – como resultado de los diversos conflictos armados. Todo esto supuso un retraso de más de catorce años de la ejecución del proyecto (Honey et al., 2010: 39).
Durante la primera administración Arias, en 1988, el proyecto fue retomado con algún grado de seriedad. Se hizo una revisión del Plan Maestro que amplió el grado de densidad del proyecto y planificó el espacio para la recepción de empresas con un grado más alto de calidad. Luego, bajo la presidencia de Rafael Àngel Calderón, se aprobaron 12 concesiones que cubrían casi la totalidad del proyecto. Una de ellas fue la de Ecodesarrollos Papagayo – actualmente la más grande (890 hectáreas) – una subsidiaria de Grupo Situr, un consorcio mexicano que estuvo ampliamente involucrado en la construcción del resort hotelero en Cancún. Inmediatamente comenzó el planeamiento de cuatro hoteles, generando fuertes reacciones del movimiento ambientalista que calificaba al proyecto como retrógrado en términos de la imagen ecoturística que vendía el país (Honey et al., 2010: 40).
El proyecto ha sido revisado en dos ocasiones más: durante las administraciones de Figueres Olsen (1994-1998) y de Arias Sánchez (2006-2010). En ambas revisiones el proyecto fue ampliado en términos de densidad, lo que hace que su tamaño total haya pasado de 1.235 a 26.450 habitaciones entre 1978 y 2008. El proyecto también pasó de constituirse como un proyecto orientado a la atracción de un turismo masivo de calidad variable a uno en donde el turismo atraído es de alta calidad. Así, aparte del centro comercial, los campos de golf y la marina contemplada en 1978, el proyecto actualmente prevé espacio para otras amenidades de lujo (campos de equitación, velerismo, canchas de tenis) y otros servicios (hospitales, centros de belleza, restaurantes sofisticados y tiendas) (Honey et al., 2010: 41; Salas, 2010; CGR, 2008: 5-7).
En la actualidad, el Proyecto del Polo Turístico Papagayo cuenta con un total de 28 concesionarios, de los cuales 11 ni siquiera han comenzado a aplicar los proyectos con los que se comprometieron en su concesión (CGR, 2008: 7). De éstos el principal concesionario es Ecodesarrollos Papagayo con casi 890 hectáreas del proyecto (un 83,8%). Esta empresa era, como se dijo, propiedad de SITUR hacia 1994 cuando obtuvo la concesión del gobierno de Rafael Ángel Calderón. Sin embargo, en 2002, la empresa fue adquirida por la Florida Ice & Farm (dueña de la Cervecería de Costa Rica) y la estadounidense Wings of Papagayo LLC (subsidiaria de la Schwan Foundation, propiedad de la Iglesia Luterana de Estados Unidos). Ecodesarrollos Papagayo fue cedida a estas dos empresas en un acto realizado en Casa Presidencial y en el que participó Miguel Àngel Rodríguez, otrora presidente de Costa Rica. Actualmente, Ecodesarrollos funciona simultáneamente como un fondo inmobiliario y un desarrollador del proyecto. En 2002, por ejemplo, hizo una cesión de 30 hectáreas de su concesión específica y prestó dinero al Grupo Istmo de Papagayo S.A. para la construcción del Hotel Four Seasons Papagayo (Salas, 2010: 41-42).
Cuadro 3. Algunas empresas involucradas en el Proyecto Polo Turístico Papagayo. 2008
Compañía | Nombre comercial | Durac. | Tam. | Habit. | Emp. |
Marina Rose | Condohotel Costa Blanca | 20 años | 23,4 | 28 | ND |
Hotelera San Francisco de Asís | Hotel Sol Papagayo | 40 años | 40,0 | 80 | 65 |
Punta Vista Bahía | Monarch Resort | 20 años | 7,5 | 34 | ND |
Grupo Papagayo | Condohotel Giardini di Papagayo | 20 años | 13,0 | 46 | 51 |
Occidental Playa Nacascolo | Hotel Allegro Papagayo | 49 años | 11,3 | 300 | 220 |
Ecodesarrollo Papagayo | Hotel Four Seasons | 49 años | 889,6 | 153 | 652 |
Occidental Smeralda | Hotel Occidental Grand Papagayo | 20 años | 23,4 | 169 | 155 |
Hotel Fiesta de Playa SRL | Hotel Hilton Papagayo | 40 años | 33,5 | 202 | 200 |
El Sol Chorotega | Hotel Conde del Mar | 20 años | 7,0 | 26 | 60 |
Chunco | Beach Club Restaurant | 10 años | 0,5 | NA | 6 |
FUENTE: Tomado de Honey et al., 2010; Salas, 2010; adicionada información obtenida del Registro Nacional.
La concesión de Ecodesarrollos Papagayo refleja el peso tan significativo que tiene el capital transnacional dentro del Polo Turístico y que ha venido expandiéndose, en particular desde el inicio de la década del 2000. Este es el caso de compras de concesiones como la que se hizo de la Corporación 358 por parte del grupo español Occidental, hoy propietario del Hotel Occidental Allegro Papagayo; del proyecto Caribbean Village de SITUR por parte de este mismo grupo empresarial para dar cabida al Hotel Occidental Grand Papagayo; y del Grupo Hotelero Enjoy del Hotel Fiesta Premier, hoy Hotel Hilton Papagayo (dentro del cual el exministro de Turismo Rubén Pacheco es socio mayoritario) (Salas, 2010: 42).
Mapa 2. Índice de fragilidad ambiental en la zona del Polo Turístico Papagayo. 2010
FUENTE: Mapa elaborado por la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos del ICT.
El proyecto ha estado sujeto a una amplia cantidad de críticas. El tema ambiental es tal vez uno de los más importantes. Desde el inicio de las obras, el PTP ha generado grandes daños ambientales en la zona en la que se ubica. La construcción de los hoteles Caribbean Village (hoy Occidental Grand Papagayo) y Malinche Real (Hilton Papagayo) vino acompañada de desfogues pluviales, erosión de la playa y contaminación por sedimentos de la zona costera (Salas, 2010: 63). Ambos hoteles posteriormente resultaron cerrados en 2002 por parte del Ministerio de Salud dado que se comprobó que depositaban desechos en la aguas de Playa Panamá.
Similarmente, la extensión de largas líneas de tubería hacia el proyecto de Ecodesarrollos Papagayo desde la zona de recarga de la ribera izquierda del Río Tempisque ha generado conflictos al respecto del acceso al recurso hídrico (Ramírez Cover, 2006). Además, la existencia de controles que regulan el acceso a la concesión de Ecodesarrollos Papagayo y sobre todo a las playas públicas de la zona de Nacascolo generan la impresión de un cierre auspiciado por el Estado de la zona pública de playa (Salas, 2010: 64). Por otro lado, debe recordarse que la zona se cataloga como de alta vulnerabilidad por lo que se generan dudas al respecto de los impactos ambientales del proyecto. El mapa anterior, elaborado por la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos del mismo ICT refleja el alto grado de vulnerabilidad de la zona que auspicia hoy el proyecto (círculo negro).
Figura 2. Flujos espaciales de los turistas en el turismo masivo, según Britton (2002).
FUENTE: Britton, 2002.
Una segunda línea de críticas se relaciona con los impactos económicos y sociales del modelo de turismo dentro del PTP y su reiteración hacia fuera en las comunidades aledañas de Playa Hermosa, El Coco y Ocotal. Se reconoce que los beneficios económicos no son los mayores y que existe una capacidad de derrame bastante limitada. Aunque en 1994, SITUR afirmaba que el proyecto generaría 40.000 empleos para las comunidades, lo cierto es que en la actualidad la cantidad total de empleados no supera los 1.400. Por otro lado, gran parte de la competitividad de los hoteles responde a la contratación de inmigrantes nicaragüenses que no reciben beneficios sociales y laborales (Salas, 2010).
Finalmente, una tercera línea, que a grandes rasgos se integra a la anterior, es el tipo de producto turístico que se promueve con este proyecto particular. Múltiples críticas realizadas por activistas y académicos al respecto del proyecto apuntan a la desnaturalización de este tipo de turismo dentro del producto ideal de turismo sostenible en el país (Rivas, 2005). Ciertamente, considero que se trata de una crítica bien enfilada al señalar con claridad las asimetrías que el turismo genera en el país. No obstante, asumir que esto es sólo el resultado del modelo en Guanacaste es errado, dado que la tendencia refleja que similares circunstancias comienzan a aparecer a escala nacional. Incluso zonas como La Fortuna – típicamente contemplada como un producto más acoplado al discurso político de sostenibilidad nacional – enfrenta la intervención de grandes empresas turísticas con productos todo incluido y expropiaciones forzadas de los recursos naturales públicos por parte del sector privado (Olivares, 2005; Isla, 2000); además otros estudios han señalado que el beneficio social no es tan ampliamente reconocido por los pobladores (Román, 2007). Se hace referencia aquí a un producto ecoturístico masivo en el que las lógicas de aprovechamiento de recursos y construcción de la cadena reflejan las mismas contradicciones espaciales que se han vinculado al turismo masivo. La figura anterior refleja como estas funcionan partiendo de lo planteado por Britton (2002).
Así, en formaciones sociales periféricas, el turismo tiende a ser parte del sector moderno de la economía, es decir, aquel donde existen grandes articulaciones con un modo productivo capitalista global (o con los circuitos de acumulación más importantes). De esta forma, se tiende a tener mayores vinculaciones con el sector externo que con el interno. La organización de la producción tiende hacia una concentración en ciertos subsectores importantes. Esto incluso al punto de generar, dado el caso, una suerte de lógicas de enclave, en que las firmas grandes influencian fuertemente las actividades productivas locales que se dan fuera de éste. En el proceso, el gobierno ejerce una función predominante relacionada con la formación de un ambiente amigable de promoción de las inversiones con el objetivo de expandir la operación de estos intereses (Robinson, 2003).
Espacialmente, el Polo Turístico Papagayo, así como sus reiteraciones en el sector privado en la forma de los nuevos resort que aparecen en la década actual en Guanacaste y Puntarenas (v.g.: Reserva Conchal, Hacienda Pinilla, Marriot Los Sueños, entre otros), funcionan claramente como enclaves; recogiendo y canalizando de manera sustancial los grandes flujos de turistas y reduciendo su contacto con el exterior. En todo el modelo, incentivos en infraestructura como el PTP adquieren un valor muy importante estableciendo las condiciones espaciales para este tipo de turismo. Sin embargo, otros incentivos en infraestructura se vuelven también necesarios.
La accesibilidad al lugar y el retorno de capital en el turismo depende de la presencia física del turista. Por ello es imperativa la constitución de circuitos de tránsito que garanticen el fácil movimiento de los turistas a lo largo del espacio hacia los nodos donde sucede la acumulación. En el caso de Guanacaste, el Estado costarricense ha consolidado una amplia inversión en infraestructura que ha permitido la constitución de circuitos de tránsito de turistas bajo estas condiciones (ver cuadro 3 y mapa 2).
Obras como el acondicionamiento del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber (AIDO) y la construcción de las carreteras nacionales 1 (Interamericana Norte), 21 (Liberia-Mansión), 18 (Limonal-Mansión, puente del Río Tempisque) y las cantonales 151 (Comunidad-Panamá) adquieren un rol central en este sentido. Hoy por hoy, a partir de dichas obras, es posible para un visitante estadounidense viajar de un aeropuerto importante en Estados Unidos (Houston, Miami o Nueva York) a una playa de Guanacaste Norte en menos de 4 horas. Esto claramente contrasta con la situación que se enfrentaba antes de la reapertura del AIDO que hacía que la travesía fuera de 8 horas o más (típicamente un día) en tanto los visitantes debían trasladarse del Aeropuerto Juan Santamaría en automóvil o autobús hasta la provincia de Guanacaste.
Mapa 2. Proyectos de infraestructura vial y aeroportuaria de amplio impacto turístico en Guanacaste
FUENTE: Construcción propia con base
El AIDO es un proyecto viejo que data de la década de 1970, cuando el aeropuerto fue concebido como un medio para transportar el producto de exportaciones agropecuarias al exterior. Con el establecimiento del PTP, el Aeropuerto fue revivido con el objetivo de atraer turistas. No obstante, como resultado de las guerras y la crisis agrícola en la región, el proyecto fue temporalmente abandonado.
Hacia 1990, el interés se renovó, pero no fue sino hasta la década actual que una renovación general fue realizada tras presiones del sector turístico local. En 2003, un esfuerzo coordinado de varias grandes empresas locales, particularmente Hacienda Pinilla y Ecodesarrollos Papagayo, permitió la entrada en operación del aeropuerto. Ambas empresas disuadieron a Delta Airlines para que programara vuelos diarios hacia el aeropuerto. A cambio, las empresas financiarían, vía un fideicomiso de 3 millones de dólares, los asientos que no se ocuparan durante el primer año de funcionamiento de la ruta. Tras el primer año de operación las empresas eliminaron el acuerdo con Delta, al tiempo que American y Continental comenzaban a planear vuelos en competencia. Hasta el momento, la apertura de la ruta ha generado que el ingreso por esta puerta aérea se triplicara en cuatro años (Honey et al., 2010: 36). Recientemente, el éxito del reacondicionamiento se ha convertido en un incentivo para la construcción de otras puertas de entrada internacional en el país en la zona de Limón y el proyecto del aeropuerto internacional en Palmar Sur.
Sostenibilidad como discurso hegemónico del turismo
En la medida que el país promueve un producto basado en el ecoturismo masivo, una política de conservación ambiental se vuelve necesaria. Es posible comenzar señalando que la relativamente exitosa política de conservación ambiental costarricense se ha convertido en un factor que ha facilitado el posicionamiento comercial del producto turístico costarricense. Como dice Natalia Monge, directora de mercadeo de Grupo Marta (operadora de la cadena Best Western) en entrevista a La Nación del 1 de setiembre de 2010: “Yo me imagino que los parques (nacionales) han de ser tan relevantes en todos nuestros esfuerzos de mercadeo como Disney lo es para Orlando (EE.UU.)”. Más allá que este punto, es posible argumentar que el discurso de la sostenibilidad ambiental se ha convertido en un mecanismo hegemónico que legitima que espacios previamente ocupados con otras necesidades (agricultura de subsistencia) se conviertan hoy en espacios destinados a suplir la acumulación capitalista en nuevos términos. Puesto de otra forma, el discurso de la sostenibilidad es un mecanismo de rearticulación de regiones del país dentro de los términos de lo que Goldman (2004) llama, neoliberalismo verde.
El ambientalismo típicamente es entendido como un movimiento social cuyo objetivo es promover y concretar importantes cambios sociales y culturales que reviertan la situación de riesgo ecológico que la sociedad vive actualmente. No obstante, en el marco de estos cambios, existen múltiples tipos de ambientalismos. Así, se puede encontrar a quienes propugnan el desmantelamiento del sistema industrial, como a otros que conciben una relación más armónica entre el sistema capitalista y la disponibilidad de recursos naturales (Dobson, 2002).
La contradicción del ambientalismo resulta ser, al final, su misma transversalidad. Es decir, la capacidad de concretarse como un discurso amplio alrededor del cual se pueden subsumir otros. De esta manera, existen diferencias enormes en el ambientalismo en razón del quién y del dónde. A modo de ejemplo, Swyngedouw (2004 y 2006) señala que en el Primer Mundo, las principales acciones del ambientalismo se relacionan con la forma racional en el uso de recursos naturales. Se trata de un problema que atañe sobre todo a la Modernidad y a la manera más apropiada de organizar racionalmente a la sociedad. En cambio, en el mundo subdesarrollado, es un asunto de quién obtiene qué, cuánto obtiene, y por qué. Es decir, hay una demarcación en el orden de una relación de poder vinculada a la forma en que los recursos resultan apropiados y usados; en no poca medida permeada por una lógica colonial (ver Robbins, 2004).
De esta forma, y con mucha razón señala Cordero (2006), que conceptos como la sostenibilidad; y diría yo, el ambientalismo (en general) también, funcionan como grandes paraguas capaces de ser ocupados por grupos marcadamente heterogéneos. Esto porque, negar el ambientalismo o la noción misma del uso racional de los recursos naturales, supone la expulsión del actor del espacio discursivo. No sólo por un asunto de mero estado de situación de la opinión pública local, sino porque uno de los temas esenciales que sirven de fundamento a la noción de Modernidad se relaciona con los mecanismos necesarios para canalizar las fuerzas de la naturaleza a favor de la sociedad. Entonces, podemos comenzar señalando muy brevemente, que no sólo algunos actores sociales pueden ser ambientalistas, sino que ¡todos pueden serlo! Y más serio aún, ¡la mayoría, en efecto, lo son! Es un discurso tan apropiable que hasta la empresa con la más grande huella ecológica puede comportarse de forma ambientalista (v.g.: los programas de pago por servicios ambientales de Exxon-Mobil en Nigeria).
Como es esperable, la apropiación del discurso ambientalista por parte de poderosos agentes políticos y económicos tiene consecuencias muy significativas en la forma en que el mismo discurso es entendido y aplicado. Goldman (2004: 167-168) habla muy específicamente de la forma en que éste ha sido apropiado por el Banco Mundial en Laos. En este país, argumenta, este discurso se ha traducido en prácticas que se traducen en regímenes de derechos que permiten controlar la forma en que los recursos se usan, así como las conductas de las poblaciones que los usan. Puesto de otra forma, en el marco del uso por este organismo, el ambientalismo se convierte en un saber-poder, una práctica que disciplina a la sociedad definiendo cuál es y cuál no es el uso apropiado de un recurso natural.
Desde mi perspectiva, esto no necesariamente puede limitarse a las acciones del Banco Mundial, sino que atañe a la manera en que los organismos financieros internacionales, las organizaciones no gubernamentales mejor financiadas, los Estados y los mismos sectores empresariales construyen y dan sentido al medioambiente. Definiendo prácticas “adecuadas”, por no decir disciplinarias, estos actores determinan el uso apropiado de esos recursos. Puesto de otra forma, se trata de un ejercicio disciplinario que se encuentra permeado por dos componentes: 1) uno de corte eminentemente colonial, en tanto se responde a valores sobre la naturaleza que tienen un claro origen dentro de la geopolítica del saber (Escobar, 2007; Quijano, 2000); y 2) uno de corte económico neoliberal, en tanto tienen un uso político-económico preciso alrededor de la constitución de nuevos regímenes de propiedad y poder (Goldman, 2004: 167).
Para O’Connor (1998), la constitución de la infraestructura requerida para la protección del medioambiente requiere de una amplia y compleja arquitectura de saberes científicos que justifiquen y legitimen la noción de racionalidad en el uso de los recursos naturales. Así, se forma, no sólo un discurso técnico que se orienta a conocer cómo funciona el medioambiente y cómo resguardarlo mejor; sino que también un amplio sector de organismos políticos que controla la forma en que estas ‘buenas prácticas’ deben ser aplicadas (Goldman, 2004: 171). Hablo entonces de la construcción de una compleja arquitectura de saberes/poderes, en tanto dichas prácticas y normas regulan la forma en que se accede y se hace uso de los recursos naturales, al tiempo que prescriben las formas correctas para accederlos y usarlos. Se plantean los términos de una ecología política de la conservación y la protección ambiental.
El discurso legitimador más usual de las políticas conservacionistas tiene su fundamento en una narrativa muy común: que la capacidad del medioambiente para apoyar a una población humana en continuo crecimiento empieza a reducirse. Esto causa problemáticas sociales como hambrunas y mortalidad al punto de que las posibilidades de renovación ambiental no son posibles (Robbins, 2004: 7). Se trata de la explicación malthusiana que relaciona al impacto ambiental con el crecimiento poblacional y que sirve de fundamento para los altamente populares conceptos actuales de ‘bomba poblacional’ y ‘límites del crecimiento’; hoy por hoy presentes en prácticamente toda la literatura ambiental y la gran mayoría de las convenciones internacionales en la materia.
¿Cuál es la solución? Aunque este es el punto de divergencia, está claro que la solución, sobre todo para los ‘optimistas de mercado’ (organismos financieros, Estado y sector privado), puede resumirse muy básicamente en la modernización de las prácticas sociales. Así, se asume que es factible encontrar soluciones cooperativas en las que existen óptimos sociales para mantener altas tasas de crecimiento económico junto con una mejor conservación ambiental (Robbins, 2004: 10). El ‘ecoturismo’ en teoría, nace de una operación lógica y económica de esta naturaleza. Así las cosas, la conservación y la protección ambiental nos acercan a un problema de modernización. Puesto de otra forma, se trata de un problema que puede ser resuelto por un individuo racional, a través de la observación científica y el adecuado funcionamiento del sistema capitalista (sin externalidades).
Siguiendo los aportes de Escobar (2007) y Sousa (2009), así como mucha de la discusión hecha previamente al respecto del turismo como una construcción neocolonial, ciertamente nos vemos obligados a medir al conservacionismo con la misma vara. Se puede decir que la literatura está llena de casos en los que la ciencia se ha convertido en un mecanismo que faculta al aparato colonial, estableciendo mecanismos para la construcción del Estado con el objetivo de administrar poblaciones, explotación y expropiación de recursos (Goldman, 2004; Said, 1991; Rabinow, 1989; Stoler, 1995). Al hacer referencia al conservacionismo y su relación con el ecoturismo en la actualidad estamos haciendo un paralelismo entre ambos. Así, paralelamente a la construcción de una nueva lógica económica que atiende el apropiado manejo de la expropiación y explotación de recursos (neoliberalismo) se presenta un claro uso del poder político y mecanismos de control social: el discurso ambientalista llano aunado a la ilegalización de las identidades que atentan contra este discurso y sus propuestas.
Globalmente, el neoliberalismo surge como un proyecto político impulsado desde las clases económicamente más poderosas. Es una defensa ante la amenaza que para sus intereses constituían el intervencionismo estatal, la aparición de la poliarquía y la estructuración de fuertes grupos de presión (sindicatos), apoyados desde el Estado. Así, el neoliberalismo se beneficia, por un lado del discurso libertario altamente aceptado que se centra en la defensa de la libertad y de los derechos a la iniciativa privada de los individuos como generadores de sentido común y aceptación popular. Pero por otro, impone políticas destinadas a destrozar las instituciones económicas que, a costa de alguna parte de las ganancias del empresariado, fomentan la demanda interna de los países y la elevación del ingreso de la población (seguro social, educación y otros servicios públicos) (Harvey, 2007). La forma más clara en la que hace esto es a través de la exaltación de la noción de la existencia de derechos de propiedad privada y de libertades económicas fundamentales. Así, se impulsa, entre otras cosas: 1) la propiedad privada como concreción de libertad individual, 2) el libre mercado como mecanismo infalible y eficiente de asignación y distribución de recursos económicos, 3) un Estado mínimo, responsable de garantizar únicamente ‘un clima de negocios’ apropiado y las libertades necesarias para la práctica económica (Hidalgo, 2003: 115-119).
Todo lo anterior, supone simultáneamente, un replanteamiento de las leves reivindicaciones sociales obtenidas durante el período de intervencionismo estatal, por un lado; pero también una radicalización y universalización de los derechos de propiedad y mercado sobre aquellos espacios anteriormente no colonizados. Todo lo anterior faculta un proceso de generación de riqueza a costa del enclaustramiento de recursos y bienes comunes, semejante a la acumulación originaria de Marx, pero que Harvey (2005) denomina, acumulación por desposesión. Este fenómeno, atañe a un conjunto extenso de actores sociales, pero, aún más al Estado, en tanto adquiere un rol preponderante como actor que activa y propulsa las transformaciones en cuestión. Así las cosas, el Estado promueve la privatización, entendida como la mercantilización de activos públicos y el sometimiento de estos a la propiedad privada; así como la promoción de redistribuciones estatales, mediante la constitución de esquemas de privatización y recortes de gasto estatal, que incluyen la privatización de tierras comunes para la redistribución agrícola; al tiempo que mantiene múltiples programas destinados a mantener altos niveles de inversión privada (Harvey, 2003 y 2007).
Sobre esto último, agregaría Jessop (2002) que en este marco debe recordarse que una de las funciones centrales del Estado capitalista es la provisión de los recursos naturales necesarios para mantener el proceso de acumulación de capital. Esto hace que el capitalismo neoliberal como cualquier otra forma de capitalismo haga uso de alguna forma de colonialismo para establecer las relaciones de dominación a lo largo del espacio. Una lógica específica que utiliza es la política de conservación ambiental, es decir, la constitución de espacios arbitrariamente definidos, por medio de los cuales conserva un conjunto de recursos naturales, ya sea, para hacer uso de ellos en un futuro, fortalecer actividades productivas que se beneficien de ellos actualmente, o legitimar una visión al respecto de lo que es y no es naturaleza (Robbins, 2004).
Esto se refleja claramente en la relación que ya he explorado sobre la agenda de conservación ambiental y la del ecoturismo y que se integró en la década de 1990, aún hasta la fecha, bajo la noción de una marca país como “sin ingredientes artificiales”, o del “escape al paraíso”, que existía previamente.
Políticamente, esto, primero ha servido como un discurso legitimador hacia dentro y hacia fuera. Hacia dentro, ha permitido generar una comprensión común del turismo en el país como intrínsecamente sostenible aunque en realidad hablemos de un producto ecoturístico masivo. Así, se construye un discurso que interpreta y legitima continuamente al turismo intrínsecamente como una ‘industria verde’. Incluso al punto de que diversas empresas turísticas cuya explotación no se ciñe dentro de los parámetros lógicos de la sostenibilidad utilicen de forma indiscriminada el término (ejemplo: Ecodesarrollos Papagayo o Reserva Conchal). Tal como señala Rodrigo Gámez, actual director de INBIO y asesor ambiental de la primera Administración Arias Sánchez (1986-1990): “la meta (de la promoción conjunta del turismo adjunto a la política de conservación ambiental) era hacer la idea de la conservación atractiva a aquellos costarricenses que temen(ían) que la conservación pudiera inhibir sus metas económicas” (citado en Evans, 1999: 227). Hacia fuera, se ha convertido en un mecanismo legitimador del flujo de turistas al país. En una sociedad que ahora es más crítica que antes del modelo del turismo masivo, el ecoturismo constituye una opción que reduce el sentido de culpa en el cliente (Mowforth y Munt, 2004).
Mapa 3. Zonas de recarga acuífera y áreas protegidas de Costa Rica. 2007
FUENTE: GRUAS II, obtenido de Obando et al., 2007.
Como resultará evidente, la relación que podría existir entre la política de conservación ambiental y la de promoción turística jamás podrá alcanzar niveles muy altos de armonía. Pero eso no quiere decir que éstos no se den. A modo de ejemplo, la constitución de algunos parques nacionales como el del Volcán Arenal, Irazú y Poás, responden evidentemente a una lógica de promoción turística más que de una verdadera conservación de extensas riquezas ambientales. El decreto que da cabida a la creación del Parque Nacional Volcán Arenal señala muy claramente en su considerando sexto que “esta área por su belleza y por la actividad volcánica que presenta constituye un atractivo turístico importante, que hace necesaria la intervención estatal para prevenir posibles desastres, si no se regula el flujo de turistas que la visitan, siendo el mecanismo idóneo la declaratoria de parque nacional” (considerando 6, DE-23774).
Esta situación se puede evidenciar más en el mapa anterior en el que se hace una correlación geográfica entre las áreas protegidas del país, particularmente las más visitadas con la presencia de recursos naturales de gran importancia, en este caso, el agua. Como se puede observar existe una muy baja correlación entre la constitución de áreas protegidas y la presencia de acuíferos de gran importancia en el país. Otra evidencia que puede adjuntarse a una línea de investigación que interprete la ecología política del Sistema Nacional de Áreas de Conservación en Costa Rica se relacionaría con los procesos a través de los cuales se establecen los planes de manejos de los diversos parques nacionales, para los cuales el sector empresarial privado juega un rol bastante importante (ver Isla, 2000 y PRODUS, 2008 como ejemplos para el caso del Volcán Arenal).
Ahora bien, como se señalaba, un factor de gran trascendencia en todo este proceso es que existe una vertiente política que también debe considerarse y que provee la otra cara del neoliberalismo verde. Esto puede resumirse muy básicamente en la noción de que en el esfuerzo de conservar recursos naturales y garantizar mayores niveles de sustentabilidad, se termina generando una eliminación de los sistemas locales de convivencia rural, producción y organización socio-política en las zonas rurales, en la medida que la conservación constituye una rearticulación del espacio a una lógica capitalista (Robbins, 2004: 150). Esto viene aparejado de una reconstrucción de las identidades sociales en el marco de la relación entre sociedad y naturaleza. Puesto de otra forma, aquellos grupos sociales que vivían mediando un importante contacto con el medioambiente son forzados a rendir cuentas por la forma en que viven y se relacionan con estos recursos (Goldman, 2004: 168-169). Estos grupos quedan subsumidos a una posición subalterna en la medida que se avanza con la política de conservación en la que media siempre un discurso compartido con el neoliberalismo, dominado por la ausencia de alternativas (ver la explicación malthusiana planteada arriba).
Este discurso se refleja en torno a una lógica de poder claramente visible de competencia por el uso de la tierra. En el caso del turismo, esto ha dado cabida una penalización y criminalización sistemática de ciertas actividades comunitarias frente a las nuevas formas de acumulación. En el caso del Arenal y de la Zona Protectora Arenal-Monteverde, grupos de personas que practicaban actividades agropecuarias de subsistencia fueron forzados a abandonar su sistema de seguridad alimentaria local, como efecto de la constitución de áreas protegidas – que, se sabe constituyen el mecanismo más efectivo para atraer turistas. Se cuestiona y criminaliza que realicen actividades de caza de subsistencia, pero no se cuestionan los problemas de carga terrestre que provoca la visita de grandes flujos de turistas sobre los mismos parques (Isla, 2000). Señala la autora:
“El conocimiento íntimo de las tierras fue ignorado. Esta separación de la gente de su naturaleza ha creado desorientación, alienación, ruptura e incertidumbre entre los miembros pobres de la comunidad.” (p. 21).
Ahora bien, intrínseco a esta dinámica existe un claro posicionamiento hegemónico. Señala Isla (2000), que casos como el del Parque Nacional Volcán Arenal, han sido esfuerzos que responden en parte a una transformación de las prioridades de la política rural. En ambos casos, el gobierno dispuso comprar las tierras de sus propietarios en lugar de desplazarlos forzosamente. Sin embargo, esta solución ha llevado a múltiples conflictos en la medida que hubo continuos atrasos al respecto de dichas compensaciones, aparte del claro impacto en los medios de vivencia de los desplazados. Historias similares se reiteran durante la década de 1970 y 1980, en otras zonas como Cahuita, Corcovado (Honey, 1999; Molina, 2007), Carara y Palo Verde. En los dos últimos, transfiriéndose tierras destinadas originalmente para su redistribución como asentamientos agrarios. Similares situaciones pueden verse en el caso del cultivo de huevos de tortuga en las áreas protegidas de Las Baulas y Tortuguero o de la comunidad de Ostional, donde existían prácticas económicas de subsistencia que tuvieron que detenerse como resultado de la constitución de los parques, con claros impactos sociales (ver Evans, 1999: 229).
El turismo y la conservación ambiental podrían incluso considerarse, junto a otras medidas como la Nueva Agricultura empleada tras el cambio estructural como medidas destinadas a facilitar una transición de la política rural de una de corte agrícola a una basada en el turismo y los servicios. Para empezar, una primera acción política está constituida por el giro en la orientación de la política rural costarricenses para litorales costeros. En 1970, se promulga la Ley 4558 de la Zona Marítimo Terrestre, dicha ley retira la definición sobre los términos de aprovechamiento de la zona ubicada en el litoral costero de manos del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) para ponerlo en manos del ICT y los gobiernos locales. Esta primera ley llegó a plantear la facultad de las municipalidades de traspasar a los concesionarios la propiedad de estos terrenos. Dicha disposición fue revertida en 1978 con la promulgación de la ley actual, pero es claro que hubo un giro en torno a la forma y objetivos de estas zonas particulares.
Este giro en torno a la política rural se relaciona con la lógica de crecimiento de algunas de las áreas protegidas del país. De forma paralela a la formación de la legislación relacionada con la ZMT, es que se empieza a constituir las bases para el sistema de áreas protegidas del país. Los primeros parques nacionales del país fueron principalmente zonas de protección concéntrica establecidas alrededor de los principales conos volcánicos del Valle Central: Poás, Irazú, Barva y Turrialba, en su momento administrados por el ICT.
La constitución misma del sistema de parques nacionales constituye un tema de estudio importante, en la medida que muchas de estas áreas han sido creadas mediando el ‘padrinazgo’ de órganos de cooperación internacional (a través de recambios de deuda externa), los intereses empresariales locales y las políticas de ajuste estructural. De esta forma, ante las crisis agrarias creadas como resultado de las políticas de ‘Nueva Agricultura’ durante el ajuste estructural, se tiende al turismo para dar una solución efectiva a las problemáticas sociales. La promoción de nuevas actividades económicas que generen divisas es un objetivo central de la lógica del ajuste, y también es necesario para fomentar un nuevo empresariado que comulgue con una nueva visión hegemónica de desarrollo (Robinson, 2003). En este marco, la cooperación internacional se vuelve un mecanismo de canalización del modelo, mediando importantes apoyos económicos para el fomento de estos sectores (Isla, 2000; Honey, 1999; Mowforth y Munt, 2005).
Isla (2000), haciendo referencia al proceso de constitución de ambas áreas protegidas, reconoce la importancia que tuvieron los organismos financieros y cooperantes internacionales al proveer el capital requerido para la planificación y compra de los parques, ya sea, directamente, o por medio de mecanismos de pago de deuda pública por naturaleza. Según señala la autora: “cada área de conservación en Costa Rica tiene su padrino (…) Canadá es el padrino del Área de Conservación Arenal (p. 25). Con esto, se hace referencia al fideicomiso canadiense de 11,4 millones de dólares que financió los proyectos de la WWF Canadá y del INBIO con los que se estableció originalmente la Zona Protectora Arenal-Monteverde y parcialmente el Parque Nacional Volcán Arenal.
En este sentido, ha sido claro que un factor preponderante – aunque no por ello predominante – en la constitución de las áreas protegidas ha sido el fomento del desarrollo turístico a partir del aprovechamiento de la belleza escénica de estos recursos. Según las Encuestas del ICT un 50% de los turistas que llegan al país visitan algún parque nacional durante su estadía. Entre 1990 y 2008 el sistema de áreas protegidas pasó de recibir 453 mil visitantes para recibir a 1.306.000 (PEN, 2008). Isla (2000), Honey (1999 y 2010), Acuña y Brugnoli (2007), Cordero (2002 y 2006) y otros más han apuntado sobre la situación la importancia que estos espacios tienen para la atracción de turistas, así como otras actividades subestudiadas (v.g.: bioprospección y biopiratería); y han planteado pruebas de la relación tan cercana entre los sectores empresariales y el Estado en la constitución de estas áreas.
Conclusiones
Tomando en consideración la recolección de información realizada anteriormente, pueden plantearse algunas conclusiones importantes que permiten caracterizar las actividades de acumulación de los espacios turísticos de Costa Rica y de Guanacaste. Primero, que la articulación del espacio receptor dentro de la economía mundo es el resultado de la confrontación y confluencia de intereses externos e internos. Así, mientras la periferia provee el lugar para desarrollar el proceso de acumulación, existen fuertes influencias, provenientes sobre todo de grandes intereses capitalistas externos que intentan dar forma y definir las características del producto, articulando este espacio dentro de la economía mundo desde una lógica neocolonial (Britton, 2002; Escobar, 2007; Harvey, 2007).
Según señala Cordero (2006), en la conformación de los espacios turísticos se enfrentan dos tendencias mutuamente contrapuestas, una hacia la integración y articulación económica del espacio a los procesos moleculares de acumulación de capital (Harvey, 2003) y otra que tiende a hacer del turismo un espacio que labore en función de los intereses y necesidades locales y comunitarias. Ciertamente la tendencia observable hasta el momento se ve marcada por la primera tendencia y en muy poco grado por la segunda. Esto podría considerarse al final como un entendimiento del turismo como una actividad que intrínsecamente supone una apropiación neocolonial. Sin embargo, todavía se requiere más evidencia para constatar ese punto. Aunque, dada la influencia tan importante que tiene la naturaleza asimétrica de los flujos turísticos internacionales y las facetas de la estructuración de las cadenas globales de la mercancía turística, resulta innegable la presencia de un control muy grande en la provisión de los servicios turísticos más importantes por parte de las empresas transnacionales metropolitanas. Sin embargo, esta aseveración requiere de mayor fundamento.
El turismo es parte de un desarrollo del centro hacia la periferia, donde se requieren altas inversiones para dar cabida a la infraestructura que permite el flujo de turistas. En este sentido, el Estado ejerce enormes responsabilidades en torno a la conformación de enclaves turísticos en los países y de igual forma, sus acciones pueden comprenderse como indicadores del rol ejercido por diversos actores políticos. En el caso de Costa Rica, el Estado ha sido herramienta fundamental para la promoción de la acumulación turística y para el fomento del discurso hegemónico que justifica esta actividad. La agenda de conservación ha terminado proveyendo ese discurso legitimador estableciendo una lógica de poder con respecto de definir cómo deben distribuirse los recursos naturales. Esta es otra hipótesis que sólo puede comprobarse mediando más trabajo de campo.
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Zumbado, F. 2007. El agroecoturismo en Costa Rica: propuestas para maximizar el desarrollo de la actividad agroecoturística en el país. Tesis de maestría. San José: Universidad de Costa Rica.
[1] A grandes rasgos, las bases de una teoría sociológica moderna que explique las preferencias hacia el turismo moderno se sustenta sobre dos postulados básicos: 1) que la vida cotidiana en la modernidad genera una rutina de la cual la gente desea escapar; y 2) que el espacio social del turismo se opone a esa rutina, ofreciendo posibilidades de experiencias extraordinarias que son faltantes dentro de la vida cotidiana de las personas (ver Franklin, 2004).
[2] Se referencia que de éstos, 1.159.720 (85,5%) ingresaron al país utilizando el Aeropuerto Juan Santamaría en el Valle Central y 194.853 (14,5%) lo hicieron usando el Daniel Oduber en Guanacaste. Un porcentaje significativo de personas que entran en condición de “turistas” lo hace por la frontera con Nicaragua, y un número más moderado por Panamá. Aunque no se descarta que el turismo de centroamericanos es muy importante para el país, una cifra considerable de estas llegadas pueden ser de inmigrantes y no de turistas como tales, por eso no se contabilian.
[3] El trabajo de Hidalgo (2003) es una relectura recomendable que revisa gran parte de los aportes que se elaboraron desde la academia costarricense desde 1980 y hasta 2003. Su relectura tiene un enfoque predominante desde la economía institucional, e incluso casi hasta regulacionista. Así, permite poner la información recogida de forma que pueda leerse en código institucionalista.
[4] Debe comprenderse al aperturismo como una categoría de régimen de acumulación propuesta principalmente por Sum y Chi So (2004) y otros autores, para reflejar las diferencias que existen con otros regímenes como el fordismo y el posfordismo que, en realidad, nunca existieron en el mundo subdesarrollado. Esto puede observarse en la línea de estudio de otros autores que han estudiado el desarrollo de las periferias como Wallerstein (2005) y Lipietz (1988), pero, sobre todo, muchos otros a escala local como los teóricos de la dependencia.
[5] En resumidas cuentas, las políticas de ajuste estructural en materia de comercio exterior incluyeron: 1) la construcción de un esquema arancelario favorable a la importación de bienes agrícolas, 2) la eliminación de impuestos para la exportación de productos no tradicionales, 3) la reorientación de la política agrícola nacional hacia la exportación de productos en contraposición al apoyo continuado de productos de consumo interno; 4) la eliminación de incentivos y controles precios agropecuarios para la producción doméstica; 5) reformas al Consejo Nacional de la Producción, para impedirle que incurriera en pérdidas al respecto de compras de bienes agrícolas locales. Todo esto supone un proceso de reestructuración del aparato productivo nacional, basándose en la diversificación y exportación agrícola e industrial a mercados internacionales y el rompimiento de los esquemas proteccionistas previos (ver Hidalgo, 2003; Fernández, 2003).
[6] Se debe notar también las transformaciones del mercado externo en el caso de la ganadería. Las leyes anticíclicas promulgadas en 1979 en Estados Unidos que redujeron a la mitad la cuota de importación cárnica proveniente de otros países, fueron instrumentales en la reducción de las exportaciones totales de carne a ese país.
[7] Se ha propuesto a la naranja dulce y al café como productos alternativos en la producción agropecuaria regional. Sin embargo, la ausencia de intermediarios para la exportación y la reducción en los precios internacionales hacen que se trate de una estrategia con pocas posibilidades de generar resultados exitosos (MAG, 2007).
[8] Se trata de los ingenios de CATSA, Taboga, Hacienda El Viejo y El Palmar, cuyos dueños se encuentran relacionados por medio de lazos familiares y políticos. Se reconoce en este caso la presencia de líderes del Partido Liberación Nacional como Álvaro Jenkins (CATSA y El Viejo) y contactos entre éste y Óscar Arias y Rodrigo Arias (importantes accionistas y exgerentes de Taboga), junto con parientes de Roberto Dobles (exministro de Ambiente y primo de Oscar Arias) quienes controlan el Ingenio El Palmar.
[9] La teoría política propuesta por Gramsci parte de una crítica evidente a los postulados de la economía neoclásica. Ante esta noción, Gramsci propone la de “mercado determinado”, la cual hace referencia a la idea de que el funcionamiento del mercado está en función de la estructura básica de la sociedad en cuestión. Esto no impide que un mercado se rija por leyes, pero, éstas, en lugar de comprenderse como leyes naturalistas y eternas, son más bien tendenciales y sujetas a las condiciones materiales, históricas y sociales de la sociedad descrita. Es decir, dan líneas de guía para la comprensión de la organización económica de la sociedad, pero no pueden ser descritas sin un apropiado estudio de otros condicionantes más allá de los económicos. Buena parte de la organización social responde a la construcción de hegemonía, y en tanto esta tiene una base ético-política no existen posibilidades claras de encontrar una organización económica enteramente racionalista como la que proponen los neoclásicos.
[10] Se sugiere al lector repasar los textos de Lipietz (1987), Boyer (1990) y de Boyer y Salliard (2002), así como el texto de Jessop y Sum (2006) en el que se resumen los postulados centrales de la teoría de la regulación y se establece un sólido estado del arte en la materia.
[11] En 1976, se aprobaron un conjunto de préstamos entre el ICT y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar obras por 1,8 millones de dólares para la construcción de edificaciones que facilitaran la llegada de turistas al Volcán Poás. Estas instalaciones son las que existen actualmente en ese lugar. Previo a ese período
[12] La cita en cuestión ha sido traducida del inglés: “Although from a commercial viewpoint parks might seem an unnecessary investment, they could become one of the major sources of revenue for the nation. East Africa, by having more vision than us in this field, increased its annual income from tourism by fifteen percent. What couldn’t our country do, being closer to the main sources of tourists in the world?”.
[13] De acuerdo a un estudio de la empresa ICICOR, para 2006 existían 93 proyectos de gran tamaño a escala nacional (100 mil dólares o más). De éstos, el 75% de la inversión se concentra en dos cantones guanacastecos: Santa Cruz y Garabito. El valor estimado de los proyectos a escala nacional para ese año rondaba los 2.334 millones de dólares (ICICOR, 2006).